Maru Campos: el juicio de la vergüenza

La comparecencia y el intento de juicio político contra María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, exhibe con claridad la doble cara del oficialismo.

Morena y el gobierno federal han convertido el combate al crimen organizado en un instrumento político para proteger a los suyos. Cuando la presión pública los comienza a alcanzar, persiguen a opositores y utilizan a las instituciones para fabricar distractores mediáticos.

El doble rasero

Uno de los ataques más agresivos en su contra provino del exgobernador Javier Corral Jurado, quien luego de integrarse al oficialismo y obtener una senaduría con fuero, impulsó investigaciones y expedientes contra la entonces alcaldesa y posteriormente gobernadora. La confrontación política entre ambos se convirtió en una de las disputas más duras del norte del país.

Ahora, la Fiscalía General de la República volvió a citar a Maru Campos, esta vez por un caso de presunto secuestro denunciado precisamente por Javier Corral. La nueva comparecencia ocurre en medio del conflicto político entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno federal, confirmando la percepción de que las instituciones son utilizadas selectivamente contra figuras opositoras.

Desde 2024, Maru Campos sostuvo una confrontación con el gobierno federal, acusó omisión y exigió mayor atención para contener la expansión del crimen organizado, particularmente tras secuestros y episodios violentos en la sierra de Chihuahua.

Dirigentes de Morena, entre ellos Luisa María Alcalde, han acusado reiteradamente a la mandataria estatal de corrupción y de mantener estructuras vinculadas al viejo sistema político del estado. La gobernadora incluso amagó con responder judicialmente por daño moral ante los señalamientos.

Menos laboratorio de fentanilo y más ofensiva política

El caso del laboratorio de fentanilo elevó el conflicto a nivel nacional. El desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara debió representar una señal positiva de coordinación institucional y combate al narcotráfico. No fue así para el gobierno de Sheinbaum, que decidió convertir el operativo en plataforma de ataque contra la administración estatal.

El argumento de Morena fue la presunta participación de agencias estadounidenses, incluida la CIA, en labores de inteligencia relacionadas con el operativo. A partir de ello, diputados locales ligados a la 4T promovieron solicitudes de juicio político y exigencias de comparecencia, incluso en el Senado.

El citatorio girado por la FGR en ese sentido, dejó el claro mensaje de que cualquier gobernador opositor que enfrente frontalmente a los cárteles será sometido al linchamiento político desde Palacio Nacional.

Aunque Claudia Sheinbaum presuma una estrategia de seguridad “humanista”, desde el poder se promueven y toleran campañas de desgaste contra una gobernadora que decidió enfrentar a organizaciones criminales vinculadas al tráfico y producción de fentanilo.

Sin embargo, mientras en Chihuahua se castiga políticamente el hallazgo de un narcolaboratorio; en Sinaloa con Rubén Rocha Moya predominan el silencio y la protección institucional frente a acusaciones internacionales mucho más delicadas.

Aunque fue citado, hasta hoy no existe una sola imagen pública de Rocha Moya compareciendo ante autoridades federales, pero sí un mensaje en sus redes sociales donde asegura que asistirá cuantas veces sea llamado porque “cree en el Sistema Judicial Mexicano”.

Distractores, propaganda y control

El expediente contra Maru Campos no parece sostenerse sobre evidencias sólidas ni una lógica estrictamente jurídica. La percepción es que se trata de una operación diseñada para distraer la atención y fabricar un enemigo mediático útil.

Reitero, el oficialismo necesita mover la conversación lejos de Sinaloa y de cuestionamientos sobre las redes de protección política al crimen organizado.

Y Chihuahua representa exactamente lo contrario: una gobernadora que decidió confrontar a grupos criminales y asumir el costo político de hacerlo.

Al debilitarse ese escándalo, Morena recurrió a Samuel García. El gobernador de Nuevo León que durante años mantuvo cercanía táctica con la transformación, ahora enfrenta presiones y señalamientos.

La misma lógica: quien deja de ser útil es sacrificable.

Maru Campos se ha mantenido firme frente al crimen organizado y frente a las presiones políticas del centro y ha enfrentado amenazas, violencia y campañas de desgaste.

La ofensiva en su contra busca propaganda, no justicia. Busca distracción y fabricar culpables para encubrir silencios políticos. Pero también revela el temor de Morena frente a figuras opositoras que conservan autonomía, convicción, margen político propio y capacidad para enfrentar al crimen sin pedir permiso a Palacio Nacional.

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Columna de Manuel Díaz en SDP Noticias

Foto Cortesía

clh