Más de 50 colectivos advierten sobre un deterioro institucional y de derechos humanos en México

Ciudad de México, México. — Más de cincuenta organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos y académicos advirtieron sobre la creación de “un escenario peligroso para la democracia y el ejercicio de los derechos en México”, a través de un informe sombra enviado al Comité de Derechos Civiles y Políticos (CCPR) de la ONU.

El documento, titulado “Derechos humanos y democracia: un panorama de retrocesos en diversos ámbitos” , fue remitido al organismo internacional antes de la evaluación que se realizará a México entre el 2 y el 19 de marzo próximos en Ginebra, Suiza, sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Las organizaciones señalan que en los últimos años se han aprobado leyes y reformas que debilitan la garantía de derechos, la rendición de cuentas y los contrapesos al poder, pilares esenciales de una democracia funcional. Advirtieron que dichos cambios podrían abrir la puerta a un régimen de corte autoritario, especialmente en el contexto de una próxima reforma electoral que, de seguir la tendencia actual, pondría en riesgo la representación política plural.

El informe detalla las reformas legislativas aprobadas durante el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el primero de Claudia Sheinbaum, en un Congreso dominado por la coalición oficialista. Esta sobrerrepresentación, afirman, ha limitado el debate público y reducido los mecanismos de deliberación democrática, generando condiciones propicias para el abuso de poder.

El análisis aborda temas como la militarización, la vigilancia digital, los ataques a la libertad de expresión, el aumento de la prisión preventiva oficiosa, la tortura en centros penitenciarios y los abusos contra migrantes. También denuncia el debilitamiento institucional tras la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información, así como la falta de transparencia y rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas.

Según el documento, la impunidad ha favorecido la corrupción, el crecimiento del crimen organizado y la pérdida de control del Estado en amplias zonas del país. Entre 2018 y 2024, el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional aumentó un 100%, y el de Marina un 174%, ampliando sus funciones a tareas civiles como la construcción de megaproyectos, la administración de aeropuertos y la gestión de empresas públicas.

Durante ese mismo período, las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las instituciones militares se incrementaron significativamente: la Guardia Nacional acumuló 1.816 y la Sedena 1.664. Pese a ello, las secretarías de Defensa y Marina continúan negándose a transparentar su información.

El informe también revisa el impacto de la reforma judicial impulsada en 2024, que introdujo la elección de jueces mediante el voto popular. Las organizaciones cuestionan su legitimidad, ya que solo participó el 13% del padrón electoral. Sostienen que, más que una elección ciudadana, fue un proceso controlado por el partido gobernante.

En el ámbito penal, se reportó un incremento del 8,5% en la población carcelaria entre enero y octubre de 2025, con 20 millones de nuevos ingresos. La impunidad sigue siendo generalizada: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad (ENVIPE) 2025, el 93.2% de los delitos no se denuncia ni se investiga, y apenas el 0.8% de los casos obtiene resolución judicial.

En materia de desapariciones, hasta diciembre de 2024 se registraron 133 mil personas desaparecidas y 72 mil cuerpos sin identificar. El Comité contra las Desapariciones Forzadas emitió 773 acciones urgentes hacia México, mientras que el promedio de desapariciones diarias subió de 26 en 2024 a más de 45 en 2025.

Las organizaciones alertaron además sobre el deterioro de la libertad de prensa. Entre 2000 y 2026 se han documentado 175 asesinatos de periodistas —ocho durante el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum— y 31 desapariciones de comunicadores. Tan solo en los primeros siete meses de 2025 se registraron 51 casos de acoso judicial contra periodistas y medios.

La violencia de género también fue destacada: durante el sexenio de López Obrador se registraron 1,189 agresiones contra mujeres periodistas, y en el primer año del actual gobierno ya suman 385.

El informe solicita al CCPR que emite una vez recomendaciones al Estado mexicano, entre ellas garantizar la autonomía institucional, fortalecer la rendición de cuentas, eliminar la prisión preventiva oficiosa, supervisar el sistema penitenciario, limitar la militarización en tareas civiles y establecer una política migratoria con enfoque humanitario.

El documento fue elaborado por organizaciones como Artículo 19, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Comunicación e Información de la Mujer, Fundación para la Justicia, Intersecta, México Evalúa y la académica Elena Azaola, entre otras. También participó centros de derechos humanos, casas del migrante y expertos como Santiago Corcuera, Clara Jusidman y Michael Chamberlin.

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Foto: Cortesia

Djs