México, vulnerable ante un posible corte de diésel de Estados Unidos

Ciudad de México.- Una eventual restricción de Estados Unidos a las exportaciones de diésel hacia México podría generar presiones sobre las finanzas públicas, encarecer productos y combustibles e incluso complicar el abastecimiento eléctrico en regiones como la Península de Yucatán, debido a la dependencia mexicana de las importaciones del energético.

Durante esta semana trascendieron reportes sobre la posibilidad de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump analizara limitar durante 90 días las exportaciones de diésel, en medio de los elevados precios del combustible en Estados Unidos. La posibilidad ha generado inquietud por las consecuencias que tendría para México, uno de los principales destinos del diésel estadounidense.

La analista independiente del sector energético Rosanety Barrios advirtió que las refinerías mexicanas todavía enfrentan dificultades para mantener una producción suficiente y estable que permita cubrir completamente las necesidades nacionales.

De acuerdo con sus estimaciones, México puede abastecer con producción nacional solamente una parte de su consumo, mientras que entre 30% y 50% de la demanda de diésel depende de importaciones. El país consume alrededor de 400 mil barriles diarios, por lo que una reducción abrupta del suministro proveniente de Estados Unidos obligaría a buscar combustible en otros mercados.

La situación podría trasladarse rápidamente a las finanzas públicas mexicanas. Si disminuyera la disponibilidad de diésel estadounidense, conseguirlo desde otros proveedores podría elevar los costos de importación y obligar al Gobierno mexicano a decidir cuánto de ese incremento sería absorbido mediante apoyos fiscales y cuánto terminaría reflejándose en los precios pagados por los consumidores.

El analista energético y económico Ramses Pech señaló que una situación de este tipo podría generar presiones adicionales para Petróleos Mexicanos (Pemex) y complicar los esfuerzos de consolidación fiscal del país.

A su vez, el área de análisis de Banamex estimó que, bajo un escenario extremo en el que el Gobierno absorbiera completamente un incremento en el precio de gasolinas y diésel importados, el costo podría alcanzar 70.5 mil millones de pesos. De esta forma, contener los precios protegería inicialmente el bolsillo de los consumidores, pero representaría una presión adicional sobre los recursos públicos.

En el escenario contrario, permitir que el incremento internacional se traslade directamente al mercado interno podría generar presiones sobre los precios de bienes y servicios, debido a la importancia del diésel para actividades como el transporte de mercancías, logística y producción.

Otro punto vulnerable sería el abastecimiento energético regional. Barrios advirtió que México no dispone de inventarios estratégicos suficientes y calculó que la capacidad de almacenamiento existente equivaldría aproximadamente a 13 días de demanda de diésel, aunque el combustible disponible no necesariamente se encuentra localizado en las regiones donde podría necesitarse con mayor urgencia.

La Península de Yucatán sería una de las zonas que requerirían especial atención porque el diésel también participa en la generación eléctrica de la región. La disponibilidad nacional de combustible, por tanto, no garantizaría automáticamente su entrega inmediata en esa zona si surgieran problemas de suministro.

La dependencia también alcanza a Deer Park, la refinería ubicada en Texas y propiedad de Pemex. Al encontrarse en territorio estadounidense, su producción está sujeta a las leyes y regulaciones de ese país, por lo que una eventual restricción estadounidense podría limitar la posibilidad de enviar automáticamente su diésel hacia México.

Barrios señaló además que existen conversaciones entre autoridades mexicanas y estadounidenses para intentar evitar que una eventual medida de este tipo afecte severamente el comercio energético bilateral, debido al alto grado de interdependencia entre ambos países.

El escenario, sin embargo, permanece sujeto a cómo evolucione la discusión en Washington. Reportes publicados esta semana señalaron la posibilidad de una prohibición temporal de 90 días, aunque funcionarios de la Casa Blanca rechazaron que se hubiera definido una prohibición general de ese tipo.

Para México, cualquier reducción considerable del flujo de diésel estadounidense pondría a prueba la capacidad de las refinerías nacionales, los inventarios disponibles y las alternativas para conseguir combustible en otros mercados, al mismo tiempo que obligaría a equilibrar tres frentes: seguridad energética, estabilidad de precios y finanzas públicas.

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Foto: Especial 

djs