Milei impulsa ley para endurecer sanciones por explotación en las Malvinas y escala disputa con Reino Unido

Buenos Aires, Argentina.- El gobierno del presidente Javier Milei envió al Congreso argentino un proyecto de ley que busca reforzar las medidas para proteger la soberanía sobre las Islas Malvinas, una iniciativa que coincide con una nueva ofensiva judicial contra actividades de exploración petrolera en la zona y que podría intensificar las diferencias con el Reino Unido.

La propuesta plantea tres objetivos centrales: imponer sanciones a quienes exploten de manera ilegal los recursos naturales, establecer incentivos para que esas actividades cesen y dotar al Estado de nuevas herramientas para responder ante posibles amenazas externas. Desde la Casa Rosada, la administración nacional calificó la iniciativa como un paso relevante dentro del proceso de recuperación de las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

El proyecto endurece las sanciones contra personas y empresas que desarrollen actividades sin autorización argentina en las islas, los espacios marítimos y la plataforma continental, incluyendo cualquier aprovechamiento de recursos renovables y no renovables. Además, contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente, que tendrá la responsabilidad de coordinar la política de seguridad y proteger la infraestructura estratégica y la soberanía del país.

El nuevo esquema también actualiza la legislación vigente desde 2011, estableciendo un régimen más estricto para empresas, accionistas y proveedores involucrados en este tipo de operaciones. De manera paralela, el Gobierno reactivó la construcción de una base militar en Tierra del Fuego, un proyecto anunciado años atrás que no había registrado avances significativos.

Mientras tanto, un tribunal federal con sede en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, ordenó suspender las actividades del proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por las compañías Rockhopper y Navitas, frente a las Islas Malvinas. La resolución responde a una medida cautelar promovida por organizaciones argentinas que advirtieron posibles afectaciones ambientales.

El fallo prohíbe realizar perforaciones en el lecho marino, instalar infraestructura o iniciar la extracción de hidrocarburoshasta que concluya el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante las autoridades competentes. Según la resolución judicial, la suspensión permanecerá vigente mientras se desarrolla dicho proceso.

En paralelo, el Gobierno argentino informó que inició procedimientos sancionadores contra al menos 60 empresas y particulares relacionados con actividades de exploración petrolera en aguas cercanas al archipiélago.

No obstante, el alcance práctico de estas medidas enfrenta limitaciones. La propia resolución judicial reconoce que su cumplimiento dependerá de la cooperación internacional y de la decisión de las empresas involucradas, las cuales ya manifestaron su intención de continuar con el desarrollo del proyecto.

Por su parte, el Reino Unido sostiene que la legislación argentina no tiene validez sobre el archipiélago y mantiene que las Malvinas permanecen bajo administración británica. Londres ha otorgado licencias para la explotación pesquera y petrolera del yacimiento Sea Lion, cuya fase de producción está prevista para comenzar en 2028.

La controversia se suma a la histórica disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, conflicto que derivó en la guerra de 1982 y que continúa generando diferencias políticas, jurídicas y ambientales. Las autoridades británicas reiteraron recientemente que la legislación argentina no es aplicable en las islas, mientras que la demanda presentada ante la Justicia argentina también advierte sobre posibles riesgos ecológicos derivados del proyecto petrolero, entre ellos contaminación química, ruido submarino, incremento del tráfico marítimo y eventuales derrames de crudo.

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Djs