Movilidad y seguridad vial demandan acciones colectivas

México.- Hemos fracasado en lograr un desarrollo sostenible y una política de movilidad que dé prioridad a la seguridad vial en las principales ciudades del país, advirtió el especialista en planeación y desarrollo urbano Oliver de la Rosa Anzures.

Al participar en el Coloquio Movilidad en entornos urbanos, una mirada integral organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la UNAM, el también profesor de la Escuela Nacional Preparatoria subrayó que el problema de la seguridad vial ha adquirido tales dimensiones que es indispensable atenderlo de manera prioritaria, tomando en cuenta que los accidentes viales son una de las principales causas de muerte en el mundo.

“Aun cuando los accidentes viales son un problema prevenible, representan la séptima causa de muerte en nuestro país y en estos momentos cada minuto muere una persona en alguna vialidad en algún lugar del planeta. A pesar de la pandemia, las cifras de fallecimientos por accidentes viales aumentaron, lo cual resulta preocupante”, alertó.

Subrayó que el tema de la movilidad y la seguridad vial debe ser un asunto de responsabilidad compartida entre ciudadanos y gobiernos en la que se deben tomar en consideración una serie de variables como la infraestructura vial urbana que se planeó y desarrolló durante décadas, para privilegiar a ciertos grupos económicos, sin tomar en cuenta a los usuarios.

Indicó que en la planeación todo está fragmentado y no existe una visión holística o integral que incluya la totalidad de las variables posibles incluida la equidad de derecho a la vialidad de cada grupo, a fin de que ésta sea sana y segura. Esto se puede lograr respetando el derecho de todos a hacer ciudad como la mejor forma de lograr que todos puedan disfrutar de la urbe de una manera segura y sostenible.

El especialista señaló que dentro de las variables a revisar con mayor profundidad sobre el tema de la seguridad vial sobresale, de manera específica, la falta de una cultura vial y el marco jurídico vigente.

“Como sociedad mexicana realmente no tenemos una gran cultura vial lo que se refleja en la calle y en nuestro comportamiento a la hora de conducir nuestros vehículos, además de que el marco jurídico y las leyes de movilidad aún tienen sesgos increíbles que no son atendidos adecuadamente”.

El investigador propuso retomar los cursos y exámenes obligatorios para la expedición de licencias de todos los vehículos motorizados.

Una mejor educación vial, apuntó, se debe de reflejar en el comportamiento cotidiano de todos los usuarios. Esa educación también debe considerarse en el diseño de las nuevas tecnologías de la información, pero también en las llamadas tecnologías de empoderamiento y participación colectiva.

En el diseño de las políticas públicas sobre movilidad y seguridad vial se debe tomar en cuenta la opinión de los expertos, pero también de los usuarios.

De la Rosa Anzures presentó un Decálogo de Seguridad Vial como una propuesta para abordar y estructurar el debate y diseñar diversas opciones de solución.

En el decálogo se destaca la importancia de visibilizar el problema a partir de la infraestructura como causa principal de inseguridad y accidentes de tránsito.

Además, considera algunos ejes transversales de responsabilidad compartida como la empatía, la inclusión y la equidad, así como la participación colectiva en el diseño de políticas públicas y un nuevo marco jurídico que tenga en cuenta las otras modalidades de transporte urbano.

En su oportunidad, el especialista en temas de movilidad urbana y agenda climática de la asociación civil El Poder del Consumidor, Víctor Hugo Alvarado Ángeles, comentó que cuando se habla de movilidad vial es importante aclarar que no se debe considerar únicamente el desplazamiento de personas, sino también de bienes y mercancías, lo cual de entrada ya tiene otras implicaciones al momento de estudiar este fenómeno.

En ese sentido recordó que, apenas en 2021, la Constitución Política ya reconoce el derecho a la movilidad y como tal tiene que cumplir con principios de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

“Cuando se toman acciones de política pública y elaboración de programas para resolver distintos problemas que existen en los entornos urbanos, sólo se centran en algunos usuarios y tipos de vialidades, dejando fuera a miles de personas que utilizan las vialidades y el transporte con diferentes fines y objetivos”, señaló.

Finalmente comentó que en las adecuaciones al marco legal y al diseño de nuevos programas de atención a las diferentes problemáticas de movilidad y seguridad vial se debe atender como un fenómeno en su conjunto con medidas que permitan lograr la eficiencia, la operatividad y la protección de todos los usuarios.

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