No basta cambiarles el nombre: hay que volver a enseñar nuestra historia

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a incorporar este 15 de septiembre los nombres de varias mujeres de la Independencia en la arenga presidencial. Mencionó a Josefa Ortiz Téllez-Girón, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y Antonia Nava, La Generala, entre otras figuras de nuestra historia. El propósito de reconocer a las heroínas es comprensible y responde además a una reivindicación largamente pendiente: durante demasiado tiempo la narrativa nacional habló casi exclusivamente de los hombres de la Independencia y dejó en segundo plano a muchas mujeres que participaron, conspiraron, financiaron, informaron, curaron, abastecieron, combatieron y padecieron prisión y persecución. Pero quizá precisamente por eso valga la pena llevar la reflexión mucho más lejos. No basta con cambiar la manera de nombrarlas ni con incorporarlas durante algunos segundos a una ceremonia. Hay que volver a enseñar quiénes fueron y, más aún, recuperar con seriedad la enseñanza de nuestra historia patria.

El caso de Josefa Ortiz resulta ilustrativo. Generaciones enteras la conocimos como Josefa Ortiz de Domínguez o, simplemente, como la corregidora. Sheinbaum ha optado por llamarla Josefa Ortiz Téllez-Girón, recuperando sus apellidos propios y evitando que su identificación histórica dependa del apellido matrimonial. No hay nada históricamente incorrecto en ello. Su protagonismo en la conspiración de Querétaro y en el inicio del movimiento insurgente pertenece a ella, no a su marido. Pero también es cierto que “Josefa Ortiz de Domínguez” forma parte desde hace dos siglos de la memoria histórica mexicana. Una cosa es explicar correctamente quién fue y recuperar su identidad propia, y otra muy distinta imaginar que basta modificar la forma en que pronunciamos su nombre para rescatar su legado. La verdadera reivindicación empieza cuando un niño, un joven o un adulto sabe por qué Josefa arriesgó su libertad, qué ocurrió cuando la conspiración fue descubierta y por qué su intervención ayudó a precipitar el levantamiento.

En Jalisco tenemos un ejemplo todavía más cercano y entrañable: Rita Pérez de Moreno. El Congreso del Estado la registra como Rita Pérez Jiménez de Moreno y también históricamente como Rita Pérez de Moreno. Su nombre completo fue María Rita de la Trinidad Pérez-Franco Jiménez. Fue esposa de Pedro Moreno, sí, pero reducirla a ese vínculo sería profundamente injusto. Cuando Pedro se incorporó a la insurgencia, Rita decidió acompañarlo con sus hijos, participó en la vida del Fuerte del Sombrero, atendió a las tropas, administró y distribuyó víveres y padeció junto con su familia los horrores de la guerra. Su actuación tiene méritos propios y está reconocida en la memoria institucional de Jalisco.

¿Necesitamos entonces convertirla simplemente en Rita Pérez o Rita Pérez Jiménez para hacerle justicia? Puede utilizarse cualquiera de esas formas si se explica correctamente de quién hablamos, pero quizá Rita Pérez Jiménez de Moreno conserve mejor su identidad propia y, al mismo tiempo, la referencia histórica a una pareja que compartió una causa y pagó un precio extraordinario por ella. Pedro Moreno tampoco necesita desaparecer para que Rita crezca. Ambos son baluartes heroicos de Jalisco y ambos merecen ser conocidos por las nuevas generaciones. La historia no tendría que convertirse en una competencia matrimonial donde para reconocer a la mujer debamos disminuir al marido o para reconocer al marido volvamos a colocar a la mujer detrás de él. La mejor historia no borra relaciones; las explica.

Con Leona Vicario ocurre algo distinto. A ella casi nunca la conocemos por su nombre completo: María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Formó parte de Los Guadalupes, suministró información, recursos y apoyo a la insurgencia, sufrió confiscación de su fortuna y prisión, y después se incorporó al movimiento junto con Andrés Quintana Roo. Fue además una mujer capaz de defender públicamente su propia participación política cuando algunos intentaron disminuirla. Sin embargo, para muchos mexicanos “Leona Vicario” continúa siendo poco más que el nombre de una calle, una escuela o una figura mencionada brevemente en septiembre.

Y aquí debo confesar una coincidencia personal que me hizo pensar todavía más en el tema. En el Colegio Americano de Guadalajara, donde estudian mis hijas pequeñas, a la menor le correspondió precisamente representar a Leona Vicario y preparar unas palabras breves explicando quién fue y qué hizo. El ejercicio fue sencillo y necesariamente corto, pero ahí está justamente su valor: durante unos minutos no fue solamente un nombre repetido en una ceremonia, sino una persona, cuya historia se tuvo que investigar, comprender y explicar. En mi caso hubo además una resonancia familiar particular porque Leona Vicario era la heroína favorita de mi madre, quien incluso impulsó durante años una agrupación ciudadana de actividades cívicas y de asistencia que llevaba su nombre.

Eso es educación cívica. No memorizar mecánicamente una lista, no cambiar una placa y suponer que con ello se hizo justicia histórica, no pronunciar un “¡Viva!” durante tres segundos para regresar después al desconocimiento. Se trata de conseguir que una niña pregunte quién fue Leona Vicario y tenga que encontrar una respuesta; que un joven sepa por qué Rita Pérez y Pedro Moreno ocupan un lugar importante en la historia de Jalisco; que un adulto recuerde por qué Josefa Ortiz fue decisiva o descubra quién fue Antonia Nava antes o después de escuchar su nombre en una ceremonia oficial.

Ese es quizá el problema mayor. México ha bajado la guardia en materia de educación cívica. Durante muchos años la escuela mexicana incurrió ciertamente en excesos: héroes convertidos en figuras casi inmaculadas, relatos simplificados, fechas memorizadas sin suficiente comprensión y una historia nacional presentada con muy pocos claroscuros. Corregir eso era necesario. La historia debe enseñarse con rigor, incluyendo contradicciones, errores y contextos. Pero una cosa es dejar atrás la historia de bronce y otra muy distinta abandonar la historia.

Existe una diferencia enorme entre enseñar que Hidalgo, Morelos, Josefa Ortiz, Leona Vicario, Rita Pérez, Pedro Moreno o Antonia Nava fueron seres humanos complejos y dejar de enseñar quiénes fueron. Desmitificar no significa olvidar. Una ciudadanía democrática necesita conocer las instituciones, los procesos, las luchas y los personajes que construyeron el país, no para venerarlos acríticamente, sino precisamente para comprender de dónde surgieron la república, sus libertades, sus conflictos y sus obligaciones.

Y quizá aquí esté la discusión de fondo. No basta con decir “mexicanas y mexicanos”, “heroínas y héroes”, ni con ampliar correctamente el lenguaje de nuestras ceremonias. Tampoco basta con incorporar nuevos nombres a una arenga o modificar la manera en que aparecen en una placa. Todo eso puede tener valor simbólico, pero el símbolo se vacía si no existe conocimiento detrás. México necesita volver a enseñar su historia patria con mayor amplitud, profundidad y continuidad.

Y no solamente a los niños. También a los jóvenes y a los adultos. La educación cívica no puede terminar con la escuela primaria ni reducirse a actos de septiembre. Hace falta una tarea permanente de conciencia cívica: explicar de dónde vienen nuestras instituciones, quiénes lucharon por construirlas, qué conflictos atravesó el país, cuáles fueron sus errores, sus aciertos y sus contradicciones, y por qué la república, la soberanía, la legalidad y la convivencia democrática no son conceptos abstractos que aparecieron por generación espontánea.

Pero esa tarea no es solamente del gobierno. Tampoco puede descargarse entera sobre la Secretaría de Educación o sobre el maestro que está frente a un grupo. Es una responsabilidad compartida. Le corresponde al Estado, por supuesto, fortalecer contenidos, museos, archivos, conmemoraciones y programas de divulgación; pero también les corresponde a los partidos políticos, a las universidades, a las agrupaciones sociales y cívicas, a los medios de comunicación, a las organizaciones culturales y a todas aquellas instituciones que participan de la vida pública. Una democracia no puede exigir ciudadanos informados si prácticamente nadie asume la responsabilidad de contribuir a formarlos.

Los partidos políticos, por ejemplo, deberían recordar que no nacieron solamente para competir por cargos, organizar campañas y administrar estructuras electorales. También deberían formar políticamente a sus militantes y simpatizantes, explicar la historia constitucional del país, promover conocimiento de nuestras instituciones, derechos, obligaciones y valores democráticos. Las agrupaciones sociales y cívicas pueden contribuir mediante conferencias, círculos de estudio, visitas, publicaciones, actividades comunitarias y conmemoraciones que tengan contenido y no únicamente protocolo. Los medios tenemos igualmente una tarea: no esperar cada septiembre para recordar algunos nombres, sino aprovechar permanentemente la coyuntura para explicar de dónde venimos.

Y, desde luego, también estamos las familias. Los padres tendríamos que involucrarnos mucho más. No todo es tarea de la escuela. Para enseñar mejor a nuestros hijos también necesitamos nosotros aprender más, recuperar historias, leer, visitar museos, conversar sobre los personajes y los procesos que construyeron el país y aprovechar incluso una ceremonia escolar para preguntar qué hay detrás de un nombre. La formación cívica no debería ser una materia que termina cuando suena la campana; debería continuar en la casa, en la sobremesa, durante un viaje, frente a un monumento y en la manera en que explicamos a nuestros hijos el país al que pertenecen.

Tenemos generaciones enteras que conocen nombres sin conocer historias, fechas sin contexto y monumentos sin significado. También tenemos adultos que dejaron hace décadas cualquier contacto serio con la historia nacional. Una sociedad que desconoce su pasado se vuelve más vulnerable a la manipulación del presente, porque resulta mucho más fácil apropiarse de símbolos cuando la mayoría ya no sabe exactamente qué significan.

Recuperar educación cívica tampoco significa volver a una historia oficial rígida ni fabricar próceres impecables. Significa precisamente lo contrario: enseñar mejor, con matices, documentos, contexto y capacidad crítica. Que sepamos quiénes fueron Hidalgo y Morelos, pero también sus diferencias; quiénes fueron Josefa Ortiz, Leona Vicario, Rita Pérez y Antonia Nava, pero también qué decisiones tomaron y en qué circunstancias; qué hicieron Juárez, Madero, Carranza o Cárdenas y también qué debates, errores y consecuencias dejaron. La conciencia cívica no nace de repetir consignas; nace de conocer la historia suficiente para entender por qué existen las instituciones, los derechos y las obligaciones que hoy tenemos.

También debemos resistir la tentación de reescribir el pasado mediante criterios demasiado simples del presente. El “de” utilizado históricamente por una mujer casada pertenece a una tradición social que hoy puede discutirse y que ciertamente no debe imponerse a nadie. Pero borrar retrospectivamente todas esas formas de identificación tampoco agrega automáticamente autonomía a las mujeres que las utilizaron o con las que fueron conocidas. Lo importante es que sepamos quiénes eran ellas, qué decisiones tomaron y qué hicieron por derecho propio.

Josefa Ortiz no fue importante porque estuviera casada con Miguel Domínguez, pero la historia de la corregidora no puede explicarse completamente ignorando el contexto en que vivió. Rita Pérez tuvo méritos propios extraordinarios, pero su historia insurgente está profundamente entrelazada con la de Pedro Moreno. Leona Vicario fue protagonista por derecho propio y también compartió lucha y vida con Andrés Quintana Roo. La Independencia no la realizaron individuos aislados, sino redes, familias, conspiradores, militares, sacerdotes, periodistas, campesinos, mujeres, hombres y comunidades.

La mejor manera de hacer justicia a las heroínas no consiste en arrancarlas de esas relaciones, sino en devolverles agencia, decisiones y méritos propios dentro de ellas. Durante demasiado tiempo el error fue explicar a muchas únicamente como madres, esposas o acompañantes de algún hombre. Corregir ese sesgo es indispensable. Pero hacerlo no exige fabricar la impresión de que sus vínculos personales fueron irrelevantes o vergonzosos. La historia se vuelve más rica, no más pobre, cuando entendemos a las personas en toda su complejidad.

El debate sobre los nombres puede entonces tener utilidad si nos conduce hacia una pregunta más importante. ¿Cuántos mexicanos saben hoy realmente quién fue Gertrudis Bocanegra? ¿Cuántos podrían explicar qué hizo Antonia Nava? ¿Cuántos conocen la participación concreta de Rita Pérez? ¿Cuántos saben algo de Leona Vicario más allá de haber escuchado su nombre? Y aun con Josefa Ortiz, posiblemente la mujer más conocida de la Independencia, ¿cuántos podrían explicar por qué su participación fue decisiva? Si las respuestas son pocas, tenemos un problema mucho mayor que el orden de los apellidos.

No se trata, por tanto, de censurar que Sheinbaum diga Josefa Ortiz Téllez-Girón. Recuperar los apellidos propios tiene una lógica histórica perfectamente defendible. Tampoco de exigir que toda mujer siga siendo identificada mediante el apellido del esposo. Eso sería absurdo. Se trata de no confundir la forma con el fondo. Podemos llamarla Josefa Ortiz Téllez-Girón y explicar que durante generaciones fue conocida como Josefa Ortiz de Domínguez. Podemos hablar de Rita Pérez Jiménez de Moreno y contar por qué ella y Pedro Moreno ocupan juntos un lugar tan importante en la historia jalisciense. Podemos decir Leona Vicario y aprovechar para enseñar que detrás de esas dos palabras existió una mujer que arriesgó patrimonio y libertad por la insurgencia. Podemos gritar “¡Viva Antonia Nava!” y al día siguiente dedicar tiempo a explicar quién fue La Generala.

Ahí empezaría una verdadera recuperación de la memoria. Porque los símbolos sirven solamente cuando comunican algo. Una bandera sin historia termina siendo tela. Un monumento sin explicación termina siendo piedra. Un nombre sin biografía termina convertido en sonido. Y las heroínas y los héroes de México merecen bastante más que eso.

No basta con mexicanas y mexicanos. No basta con heroínas y héroes. No basta con cambiar apellidos, agregar nombres a una ceremonia o colocar nuevas placas. Hay que volver a contar nuestra historia, enseñarla mejor y hacerla llegar a niños, jóvenes y adultos. Y esa tarea es de todos: gobierno, escuelas, partidos, universidades, agrupaciones sociales y cívicas, medios de comunicación y familias.

Los padres también tenemos que aprender más para poder enseñar mejor. No podemos exigir a la escuela que forme por sí sola ciudadanos conscientes mientras en casa dejamos de hablar de historia, instituciones, responsabilidades y país. Tampoco podemos pedir al gobierno que fabrique conciencia cívica por decreto. Esta se construye todos los días y en muchos espacios.

México necesita más historia patria y más conciencia cívica. No para vivir mirando hacia atrás, sino para entender mejor quiénes somos y decidir con mayor responsabilidad hacia dónde queremos ir. Recuperarlas no será obra de una secretaría, un partido ni un sexenio: tendrá que ser una tarea compartida por toda la sociedad.

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Columna de Salvador Cosío en SDP Noticias

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