Estados Unidos y otros 14 gobiernos incluyeron a ocho organizaciones vinculadas con México entre 24 grupos contra los que buscan coordinar medidas

Ocho organizaciones criminales vinculadas con México quedaron entre los primeros objetivos del Escudo de las Américas, una coalición encabezada por Estados Unidos que busca coordinar congelamiento de activos, restricciones migratorias y acciones penales contra 24 grupos del continente. México no participa en esta iniciativa.
La declaración conjunta fue difundida el 22 de septiembre después de una reunión realizada en Nueva York, en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El documento fue respaldado por 15 gobiernos del continente.
Además de Estados Unidos, participaron Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.
México y Brasil no forman parte de la coalición, aunque organizaciones criminales relacionadas con ambos países fueron incluidas entre los objetivos de su primera acción coordinada.
De las 24 organizaciones incluidas en la declaración, ocho están relacionadas con México.
Se trata de Cárteles Unidos, Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, Cártel del Noreste, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, Los Viagras y Cártel de Juárez (La Línea).
La lista también incorpora organizaciones de otros países del continente, como Mara Salvatrucha (MS-13), Tren de Aragua, Barrio 18, Clan del Golfo, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, Los Choneros, Los Lobos, grupos disidentes de las FARC, Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Sendero Luminoso, entre otras.
Los gobiernos participantes utilizan en su declaración el término “organizaciones narcoterroristas transnacionales” para referirse a los grupos seleccionados. Esa denominación corresponde al documento de la coalición y no implica que los 24 tengan necesariamente la misma clasificación jurídica en cada uno de los países participantes.
La primera acción conjunta contempla tres tipos principales de medidas, cuya aplicación dependerá de las leyes nacionales y obligaciones internacionales de cada país.
Los gobiernos expresaron su intención de implementar congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visado para integrantes, asociados y personas que apoyen a las organizaciones señaladas.
También plantearon establecer responsabilidades penales contra quienes proporcionen conscientemente apoyo material o logístico a estos grupos.
Esto significa que la declaración establece compromisos de coordinación, pero no supone que todas las sanciones entren automáticamente en vigor y de manera idéntica en los 15 países. Cada gobierno deberá proceder conforme a su legislación.
La coalición también pretende trasladar parte de la discusión a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Los países anunciaron que buscarán presentar una solicitud ante la presidencia del Consejo Permanente de la organización para convocar una reunión de consulta bajo los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), conocido como Tratado de Río.
El propósito será analizar a nivel ministerial una eventual resolución que facilite acciones colectivas contra las organizaciones incluidas en la lista.
Los integrantes del Escudo de las Américas que no sean parte del TIAR también expresaron respaldo a la iniciativa y señalaron que participarían dentro de los límites establecidos por sus propias obligaciones jurídicas.
Aunque ocho organizaciones relacionadas con territorio mexicano aparecen en la lista, el gobierno de México no suscribió la declaración ni forma parte del Escudo de las Américas.
La coalición surgió en marzo de 2026 bajo el impulso del gobierno estadounidense de Donald Trump, con el objetivo de fortalecer la cooperación regional contra el narcotráfico y otras estructuras del crimen organizado transnacional.
Su estrategia se estructura alrededor de tres ejes: coordinación económica, seguridad y coordinación multilateral, además del intercambio de información y cooperación entre los gobiernos participantes.
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