Reforma del poder vs. concentración del poder

Se cumplen 37 años desde aquel 23 de marzo de 1994 en que fuera brutalmente asesinado Luis Donaldo Colosio Murrieta, suceso ocurrido siendo él candidato del PRI a la presidencia de la república; no fue solo un hecho deleznable por tratarse de un crimen, más allá, significó también una conmoción que marcó el futuro al enterrar a quien gozaba de la trayectoria, la convicción, entereza y la capacidad de diálogo para lograr los cambios necesarios en un marco de entendimiento democrático.

Sorprende que a casi cuatro décadas de ese incalificable crimen tengan vigencia las tesis, proclamas y propuestas que hizo el magdalenense. Si bien el país continuó después de entonces por la vía de la llamada transición democrática a través de sendas reformas electorales, como sucedió con la de 1996, la de 2006-2007 e incluso la de 2014, también es de señalar que la discusión y modificaciones legislativas impulsadas se centraron en la democracia electoral, de modo que otros temas no fueron atendidos con la importancia que merecían.

En otras palabras, casi se dejó de lado a lo relativo al funcionamiento del régimen republicano, en el sentido de considerar la división de poderes, el papel y desempeño de cada uno de ellos, los equilibrios y contrapesos necesarios, el poder del ciudadano, el federalismo, el desarrollo regional, los partidos políticos, entre muchos otros aspectos. Desde luego que resultaba vital avanzar en el tema de las reformas electorales, pero era igualmente importante vislumbrar de forma integral el funcionamiento del régimen político, y fue lo que no se hizo.

Puede decirse que Luis Donaldo Colosio Murrieta fue un hombre de fronteras; no solo por haber nacido en una región limítrofe del noroeste de México, sino, además, por haberse desempeñado en los márgenes que marcaban el agotamiento de una etapa del desarrollo del país y del necesario alumbramiento de otra fase, tal y como singularmente lo marcaban tres acontecimientos: el primero, referido a la crisis de las elecciones presidenciales de 1988; el segundo, relacionado con el inicio del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, y el tercero referente a la amplia desigualdad que lamentablemente ha marcado al país.

En ese contexto, la frase que México tenía hambre y sed de justicia correspondía al diagnóstico de los problemas que veía el originario de Sonora; a partir de ellos identificaba reclamos y esbozaba las principales propuestas que comprometía. La idea que sintetizaba su proyecto fue la reforma del poder que, en efecto, ocupó el corazón de su famoso discurso del 6 de marzo de 1994.

Por contraste con esa perspectiva, lo que tenemos ahora es el franco despliegue de una centralización despótico-autoritaria que pretende avanzar inexorablemente. La plataforma desde donde lo hace el oficialismo es a partir de una reconversión que logró transformar una votación del 54% a favor de ella y de sus aliados, en una representación del 73% en la Cámara de Diputados, lo que conllevó a que la oposición tuviera, con el 46% de los votos, una presencia reducida al 27% en la composición total de esa cámara baja.

El contraste no pude ser más agudo y excluyente, pues ha significado una desmedida sobrerrepresentación de la mayoría, en paralelo a una pasmosa subrepresentación de los partidos de oposición. Sobrerrepresentación y subrepresentación son las dos caras que exhibe la moneda despótica del gobierno, pues se construyó a partir de que uno de sus agentes (la titular de la Secretaría de Gobernación) declaró cómo debía conformarse dicha representación y a partir de que método de interpretación de las normas se debería llevar a cabo.

Tal perspectiva se convirtió en la visión oficial de los órganos electorales, ya que asumieron la tesis oficialista de interpretar las normas para la asignación de la representación proporcional a partir de su literalidad, evadiendo el imperativo de hacerlo a partir de una perspectiva sistemática y funcional. Se produjo así el golpe que llevó a la mayoría calificada holgada por parte del oficialismo y que ha condenado al país a la dictadura de la mayoría (en palabras de Tocqueville).

Desde ese momento, se ha desplegado una brutal corriente centralizadora del poder encaminada a romper contrapesos y equilibrios. Bajo ese impulso el gobierno ha sometido al poder judicial, al tiempo que dispone de la mayoría en el Congreso, al grado que las limitaciones que enfrenta para lograr la mayoría calificada en alguna propuesta de reforma constitucional, tiene su explicación en la insuficiencia del diálogo interno para alcanzar los acuerdos requeridos con sus aliados; sin menoscabo de que otras reformas constitucionales las ha podido aprobar de forma cómoda y expedita.

Tiene lugar una tendencia de concentración del poder inédita en los tiempos modernos. El país mira hacia la destrucción de su régimen republicano, rompiendo así el modelo propio de las democracias liberales, para en su lugar asumir uno de carácter plebiscitario y populista que se alimenta del legado que dejara el fascismo.

La reforma del poder que proclamara Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994 se encuentra hoy frente a su opuesto: la concentración inmutable del poder y una centralización que ahora por la vía del Plan B de la reforma electoral camina hacia la destrucción del Estado federal para la implantación de un Estado unitario. Se fractura el régimen republicano y el sistema federal de gobierno; ante esos hechos, cobra inusitada vigencia la reforma del poder que se planteara hace 37 años por el sonorense.

En la medida que avanza el autoritarismo y nos acercamos a la dictadura, el discurso que tuvo como su eje principal la tesis de la reforma del poder se vuelve más actual, así haya sido pronunciado hace casi cuatro décadas.

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Columna de Samuel Palma en SDP Noticias

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