Monterrey, Nuevo León.- La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León ordenó la comparecencia del gobernador Samuel García Sepúlveda para que responda a las acusaciones por presunto desvío de recursos públicos y peculado incluidos en una solicitud de juicio político en su contra.
El mandatario estatal, emanado de Movimiento Ciudadano, fue citado para el próximo 23 de junio a las 16:00 horas. De acuerdo con la presidenta de la Comisión Anticorrupción, la diputada priista Armida Serrato, García Sepúlveda podrá presentarse personalmente o hacerlo por medio de su defensa jurídica, con el fin de exponer alegatos y pruebas a su favor.
La solicitud fue promovida por dirigentes y legisladores de Morena, quienes acusan al gobernador de presuntamente desviar más de 2 mil millones de pesos del erario estatal hacia despachos relacionados con su familia.
El lunes 9 de junio, integrantes de Morena presentaron la solicitud de juicio político ante el Poder Legislativo estatal. Posteriormente, la Comisión Permanente convirtió el caso con carácter de urgente a la Comisión Anticorrupción para su análisis.
Durante la sesión de este viernes, el órgano legislativo dio lectura al expediente 21537/77, en el que se describen presuntas triangulaciones financieras que, según la acusación, habrían iniciado desde 2022, primer año de la administración de Samuel García.
De acuerdo con lo expuesto en el expediente, parte de los recursos públicos habría llegado a despachos fiscales y empresas vinculadas con el mandatario, su padre Samuel García Mascorro, otros familiares y socios. La acusación sostiene que las transferencias estarían identificadas desde cuentas del gobierno estatal hacia dichos negocios.
Aunque formaron parte de los promotores del juicio político, los diputados morenistas Mario Soto y Rogelio Montemayor no asistieron a la sesión de la Comisión Anticorrupción.
Con quórum suficiente, la comisión aprobada por mayoría el dictamen de procedencia del juicio y la orden de comparecencia del gobernador, con siete votos a favor y uno en contra, emitidos por la diputada de Movimiento Ciudadano Sandra Pámanes.
La legisladora emecista sostuvo que el procedimiento presenta irregularidades desde su origen y advirtió que podría ser impugnado ante juzgados federales. Para que una eventual destitución y desafuero del Ejecutivo estatal avance, el proceso requeriría al menos 28 votos de los 42 integrantes del Congreso local.
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Djs
