¿Seguirán impunes?

El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta una innegable crisis de legitimidad y credibilidad tras la solicitud formal de extradición hecha por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El caso marca un punto de quiebre, porque ya no se trata de columnas, rumores o filtraciones de informes extraoficiales. Las acusaciones fueron presentadas formalmente por el Departamento de Justicia a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la misma instancia que procesó a Genaro García Luna.

La diferencia es que ahora los señalados pertenecen al círculo político de Morena.

La doble vara de Morena

De acuerdo con autoridades estadounidenses, existen testimonios y evidencias aportadas por personajes ligados al narcotráfico, incluyendo integrantes del Cártel de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada. Es decir, son pruebas testimoniales, exactamente el mismo esquema de testigos colaboradores que el obradorismo validó y celebró durante el juicio contra García Luna.

También se han presentado pruebas documentales derivadas de investigaciones del propio gobierno estadounidense e incluso provenientes de áreas de inteligencia mexicanas.

Durante años, Andrés Manuel López Obrador utilizó las declaraciones de narcotraficantes como Jesús “El Rey” Zambada o Sergio Villarreal “El Grande” para sostener que México había vivido un “narcoestado” bajo gobiernos anteriores. Testimonios considerados por el expresidente como suficientes para condenar políticamente a gobiernos del pasado, y en particular, a García Luna.

Sin embargo, ahora que ese mismo sistema de justicia alcanza a Morena, el discurso cambió.

Los datos ahí están. El sexenio de López Obrador cerró como el más violento de la historia reciente, los grupos criminales presentaron una expansión territorial y niveles de impunidad alarmantes. Pero, mientras el gobierno mexicano repetía y sostenía la narrativa de “abrazos, no balazos”, Estados Unidos avanzaba en la integración de expedientes judiciales.

El propio García Luna en una carta escrita desde prisión, acusó directamente a López Obrador y a colaboradores cercanos de mantener vínculos con líderes del narcotráfico.

“El Mayo” Zambada, también en una misiva, escrita de su puño y letra, aseguró haber sido llevado a Estados Unidos bajo la promesa de que iba a participar en una mediación política en Sinaloa, donde supuestamente estarían presentes Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén.

Y lanzó una advertencia que hoy cobra fuerza: si México no intervenía para su repatriación, el caso provocaría un “colapso” político y tensiones graves entre ambos países.

A la luz de la reacción del gobierno de México ante los hechos recientes, la pregunta es inevitable: ¿por qué los testimonios de narcotraficantes eran válidos antes y hoy son descalificados?

El fuero o la impunidad

Los personajes señalados cuentan con fuero constitucional. Un blindaje que se ha convertido en muro para evitar investigaciones y posibles extradiciones.

Para que Rocha Moya enfrente cualquier proceso, primero tendría que perder esa protección mediante un juicio de procedencia impulsado por la Fiscalía General de la República, aprobado por la Cámara de Diputados y validado por el Congreso de Sinaloa.

Con una salvedad: Morena controla esas instancias.

La propia Fiscalía ya adelantó su postura al señalar que las solicitudes estadounidenses “carecen de pruebas suficientes” conforme a la legislación mexicana. Es decir, la defensa política parece haber sustituido a la investigación judicial.

Una contradicción. Al mismo tiempo que se argumenta falta de pruebas en este caso, el gobierno sí actuó con rapidez en la solicitud de extradición del contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

Y ese caso precisamente conecta con Sinaloa, donde versiones apuntan a que recursos provenientes de estas actividades habrían financiado campañas políticas.

Una red de protección

El caso no termina en Rocha Moya. Bajo ese mismo blindaje aparecen otros actores: el senador Enrique Inzunza, autoridades municipales y una larga lista de figuras políticas.

Entre ellos, los gobernadores de Morena mencionados en distintos reportes se encuentran Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Marina del Pilar Ávila, Evelyn Salgado, Alfredo Ramírez Bedolla, Rocío Nahle y Layda Sansores. Además de legisladores y personajes como Ricardo Monreal, Cuauhtémoc Blanco, Adán Augusto López Hernández, Mario Delgado e incluso Andrés López Beltrán.

Todos resguardados tras su fuero político, mayoría legislativa y respaldo de la fuerza institucional.

¿México estará dispuesto a investigar o todo el aparato del Estado será utilizado para garantizar su protección?

Porque si el gobierno se decide a actuar como defensor de los acusados y no como garante de justicia, el problema se convertirá en una crisis del régimen.

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Columna de Federico Arreola en SDP Noticias

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