El Senado de la República inició la discusión de una reforma constitucional que busca poner un tope de 70 mil pesos mensuales a las llamadas “pensiones doradas” en empresas paraestatales como CFE y Pemex, medida respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, y ahora se turna al pleno para su debate final.
Según el dictamen, la reforma aplicará únicamente a exfuncionarios de organismos descentralizados cuyos ingresos superen el salario de la titular del Ejecutivo Federal, y no alcanzará a funcionarios de secretarías de Estado ni a militares, lo que generó cuestionamientos por parte de la oposición sobre la retroactividad y la falta de cobertura generalizada.
Oposición cuestiona alcance y retroactividad
Desde el PAN, Ricardo Anaya coincidió en que las pensiones excesivas son “indefendibles”, destacando que en Luz y Fuerza del Centro hay más de 300 personas que reciben mensualidades superiores a 300 mil pesos. Sin embargo, criticó que la reforma solo aborde la administración pública descentralizada y deje fuera a funcionarios de otras áreas y del ISSSTE, donde también existen pensiones muy altas.
Por su parte, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, enfatizó que la aplicación retroactiva de la ley podría violar el artículo 14 constitucional, pues los servidores públicos planificaron su retiro bajo un marco normativo previo. Además, cuestionó la exclusión de las Fuerzas Armadas, considerando que la justificación presentada por el dictamen no es suficiente desde el punto de vista constitucional.
La diputada Carolina Viggiano, del PRI, confirmó el voto a favor de su bancada y resaltó la necesidad de poner fin a los excesos en pensiones del pasado, presente y futuro, subrayando que se trata de un tema de gasto público y justicia social.
Fast track para la aprobación
El Senado aprobó la primera lectura del dictamen y la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, informó que la discusión en sesión ordinaria se prevé para este miércoles. La reforma busca establecer que estas pensiones no superen el equivalente al 50 % del salario presidencial, mientras que quedan excluidas las aportaciones voluntarias, sistemas complementarios y la pensión no contributiva prevista en el artículo 4 constitucional.
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