El Tribunal federal del estado de Colorado, en Estados Unidos, resolvió desestimar las peticiones presentadas por Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, en las que cuestionaba las condiciones de su reclusión en una prisión de máxima seguridad.
La determinación judicial se dio a conocer el 30 de junio, luego de que el exlíder del Cártel de Sinaloa enviara diversas cartas en las que solicitaba cambios en su régimen de aislamiento dentro del centro penitenciario ADX Florence, considerado uno de los penales más restrictivos del sistema penitenciario estadounidense.
En sus escritos, Guzmán Loera argumentó que el régimen de confinamiento en el que permanece desde su extradición a Estados Unidos le impide acceder a actividades educativas, recreativas o laborales, además de limitar de manera considerable su interacción humana. Señaló que sus salidas para realizar ejercicio son restringidas y que pasa la mayor parte del tiempo dentro de su celda.
El interno afirmó que la falta de programas dentro del penal lo mantiene en condiciones de aislamiento prolongado, lo que, según su versión, afecta su bienestar físico y mental. En sus declaraciones escritas, describió su situación como un entorno de confinamiento extremo con escasas posibilidades de actividad cotidiana.
Asimismo, el exlíder criminal solicitó en distintos momentos poder tener contacto con su familia, incluyendo a su esposa e hijas, además de pedir su repatriación a México. Sin embargo, estas solicitudes han sido rechazadas por las autoridades judiciales estadounidenses, que mantienen su estatus de reclusión bajo medidas de alta seguridad.
En sus quejas, Guzmán Loera también aseguró que el trato recibido en prisión constituye un trato “cruel”, e incluso afirmó que personal de seguridad habría incurrido en conductas de hostigamiento en su contra. Entre sus señalamientos, mencionó supuestos efectos físicos derivados del ambiente dentro de su celda, como dolores de cabeza, malestar general y otros padecimientos que atribuyó a las condiciones del lugar.
Estas alegaciones formaron parte de una demanda civil presentada ante la corte federal, la cual fue evaluada por el juez Gordon P. Gallagher. Tras el análisis del caso, el tribunal determinó aceptar la solicitud de la parte estadounidense para desestimar el recurso, con lo que el procedimiento legal quedó cerrado.
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