Un clavo más en el féretro de la libertad

El SAT retiró a más de cien asociaciones civiles la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos. Entre las afectadas destacan el IMCO, México Evalúa y Mexicanos contra la Corrupción.

Casualidad. Por supuesto. Una de esas casualidades tan frecuentes en los regímenes que juran no ser autoritarios.

Demasiada coincidencia que el hachazo caiga, precisamente, sobre organizaciones que llevan años —mucho antes de que Morena existiera— señalando errores, pifias y corruptelas del poder. No de un gobierno en particular, sino del Estado mexicano en su versión más consistente: la que se equivoca, se opaca… y se protege.

Pero resulta que ahora incomodan.

A los gobiernos con pulsión autoritaria —aunque se disfracen de transformadores— nunca les han gustado las asociaciones civiles. Y es curioso, porque las necesitan. Las OSC no son sinónimo de queja: son la forma en que una sociedad se organiza para hacer lo que el Estado no puede, no quiere o no sabe hacer.

Son, en el fondo, una señal de madurez cívica. Es decir, exactamente lo contrario de lo que conviene a un poder que aspira a ser el único interlocutor, el único proveedor… y el único crítico autorizado de sí mismo.

Los números lo ilustran mejor que cualquier discurso. En Estados Unidos existen entre 1.5 y 2 millones de organizaciones sin fines de lucro. En Europa, más de 2.8 millones. Incluso en Rusia —sí, Rusia— sobreviven entre 140 mil y 220 mil.

México apenas roza las 45 mil.

Pero aquí el problema no es la escasez, sino la selección.

Porque mientras a unas se les retira la posibilidad de recibir financiamiento formal —es decir, se les asfixia con guante administrativo—, a otras se les abre la puerta en tiempo récord. Como la asociación impulsada por López Obrador para apoyar a Cuba, que obtuvo autorización con una velocidad que ya quisieran muchos trámites médicos urgentes en este país.

Nada como la eficiencia cuando hay voluntad política. O afinidad ideológica.

El mensaje no podría ser más claro, aunque se disfrace de tecnicismo fiscal: criticar tiene consecuencias. No jurídicas, no penales —sería demasiado burdo—, sino financieras. Más elegante, más moderno, más… eficaz.

Porque el verdadero golpe no está en el papel, sino en el flujo. Sin deducibilidad, se cierran las puertas al financiamiento. Sin financiamiento, se reduce la capacidad operativa. Y sin operación, se apaga la voz.

No hace falta censurar cuando se puede estrangular.

Lo más irónico es que muchas de estas organizaciones produjeron investigaciones que en su momento fueron útiles al propio López Obrador: desde escándalos como el “toalla-gate” hasta la estafa maestra.

El problema no fue su existencia. El problema fue que siguieron haciendo lo mismo…, pero ahora con otros nombres en el poder.

Y eso ya no gustó.

Cuando comenzaron a poner números a los costos de los proyectos emblemáticos —Dos Bocas, AIFA, Tren Maya— dejaron de ser aliadas incómodas para convertirse en estorbos prescindibles.

O peor aún: en voces que había que apagar sin hacer ruido.

Porque de eso se trata. No es un ajuste administrativo. No es un error humano. No es una revisión técnica.

Es un mecanismo.

Un mecanismo para redefinir quién puede participar en el espacio público… y bajo qué condiciones. Para convertir el derecho a organizarse en un privilegio condicionado. Para recordarle a la sociedad civil que su margen de acción depende, en última instancia, de la tolerancia del poder.

Y la tolerancia, ya vimos, es selectiva.

Eso sí: que no falte el discurso de apertura, de diálogo y de democracia participativa. Siempre y cuando la participación no incomode demasiado.

Retirar la deducibilidad no es un trámite. Es una sentencia lenta. Es cerrar la llave con la que muchas de estas organizaciones sobreviven.

Es, en términos más claros, firmar su acta de defunción anticipada.

Y con ello, sí: colocar un clavo más —no el primero, ciertamente tampoco el último— en el féretro de la libertad.

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SDP Noticias 

Columna de Verónica Malo

Foto: Especial 

cdch