Veinticinco estados de EU demandan al gobierno de Trump por nueva ronda de aranceles

Ciudad de México.— Una coalición integrada por 25 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump para impugnar la más reciente ronda de aranceles aplicada a productos procedentes de decenas de socios comerciales.

La acción legal fue interpuesta ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, con sede en Nueva York. Los estados sostienen que el Ejecutivo excedió su autoridad al imponer gravámenes de entre 10 y 12.5 por ciento a mercancías provenientes de aproximadamente 60 socios comerciales, entre ellos la Unión Europea.

La administración de Trump justificó las tarifas al señalar que los países afectados no han adoptado medidas suficientes para impedir la exportación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. Sin embargo, los demandantes consideran que ese argumento funciona como un pretexto para sustituir los aranceles que la Corte Suprema anuló en febrero.

Entre los estados que participan en la demanda se encuentran Nueva York, California, Arizona, Colorado, Connecticut, Illinois, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Oregon, Pensilvania, Virginia, Washington y Wisconsin, además de otras entidades gobernadas o representadas legalmente por demócratas.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusó al gobierno federal de intentar elevar nuevamente los costos para familias y empresas después de perder el litigio previo ante la Corte Suprema. Los estados también argumentan que los nuevos impuestos a las importaciones podrían provocar aumentos de precios y afectar a compañías locales.

Los aranceles anteriores habían sido aplicados con base en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, pero la Corte Suprema determinó que esa legislación no autorizaba al presidente a imponerlos unilateralmente. Tras el fallo, el gobierno tuvo que devolver recursos a importadores que habían pagado los gravámenes.

La nueva estrategia se apoya en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición que permite aplicar sanciones contra países involucrados en prácticas comerciales consideradas injustas. La Casa Blanca sostiene que esta herramienta tiene mayor solidez jurídica y que ya fue utilizada durante el primer mandato de Trump.

Los estados demandantes cuestionan que la Sección 301 pueda utilizarse de manera tan amplia, debido a que históricamente se ha aplicado contra sectores o países específicos. Según su planteamiento, los nuevos aranceles afectan a economías que representan más de 99 por ciento de las importaciones estadounidenses.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, defendió la legalidad de la medida y afirmó que Estados Unidos puede actuar frente a prácticas extranjeras que perjudiquen su comercio y a sus trabajadores.

La demanda se suma a otros dos procesos iniciados en julio por pequeñas empresas estadounidenses. Esos negocios también sostienen que el gobierno no demostró de manera individual cómo cada economía incurrió en las prácticas señaladas ni de qué forma los aranceles contribuirían a eliminarlas.