Vigilan a iraníes en México

La guerra en Irán está a casi 13 mil kilómetros, pero al mismo tiempo está en México y ha obligado al gobierno a alinearse estratégicamente con Estados Unidos. No se está haciendo de manera política o ideológica, como se ha visto en las declaraciones neutrales que ha hecho la Presidencia sobre una solución política al conflicto, sino en el marco de la cooperación en seguridad.

Desde el sábado, cuando inició la guerra contra Irán, el gobierno de Estados Unidos colocó a sus grupos contraterroristas en alerta máxima ante un posible acto de venganza en su territorio por la muerte del jefe supremo iraní, Alí Jamenei, y se empezó a realizar internamente un monitoreo especial de nacionalidades restringidas que desde principios de año incluye a 19 países, entre ellos Irán, Yemen y Siria, que se encuentran dentro del teatro de operaciones bélicas que se está peleando en el Medio Oriente.

Pero el monitoreo y vigilancia interna que está desarrollando el FBI no es suficiente para garantizar que no habrá atentados suicidas en Estados Unidos o eventos como el que se vivió este fin de semana en Austin, la capital de Texas, donde se está investigando si el asesinato de dos personas durante un ataque en un bar local, ejecutado por un senegalés naturalizado estadounidense que llevaba una sudadera con cachucha que decía “Propiedad de Alá”, fue un acto terrorista en venganza por la muerte de Jamenei o un asesino solitario.

Si por la muerte del ayatolá Jamenei existen alertas de posibles atentados suicidas en Estados Unidos, la frontera con México se convierte automáticamente en un vector de análisis de riesgo, sin que signifique que sea el vector principal. Pero de manera preventiva, dijeron funcionarios estadounidenses, el gobierno de Trump pidió a México aumentar la vigilancia sobre “ciudadanos de interés” y “diplomáticos de interés”.

No hay una lista oficial pública de ellos, pero con base en información de fuentes abiertas sobre preocupaciones o alertas de seguridad, se pueden identificar algunos casos y contextos en los que Washington ha señalado a actores extranjeros –gubernamentales o clandestinos– como problemas o posibles riesgos relacionados con México.

Los tres países de mayor preocupación para Estados Unidos que tienen agentes de inteligencia activos en México son Irán, Rusia y Cuba, mantienen relaciones con una parte del ala más radical del régimen obradorista y abiertos respaldos. Uno de ellos, Abraham Mendieta, cercano al senador Adán Augusto López, español de origen y vinculado a Podemos, el partido español que fundó Pablo Iglesias, que se estableció en México para poner en marcha un canal de información latinoamericana que reproduce desinformación del Kremlin, financiado por Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, propuso en X la “desaparición” del Estado de Israel. Mendieta no es considerado un riesgo, pero refleja una corriente de pensamiento cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En el caso de Irán, la principal vigilancia –se puede conjeturar– recaerá en sus diplomáticos, aunque la atención se ha centrado en el embajador Abolfazl Pasandideh, quien convocó el sábado, día en que iniciaron los ataques en su país, a una conferencia de prensa, donde aseguró que el ayatolá Jamenei no había muerto y pidió al gobierno de México una condena por los bombardeos.

Una preocupación colateral, que no es nueva sino añeja, es por Hezbolá, el partido político en Líbano que tiene un brazo militar respaldado por Irán, que desde hace más de 15 años ha sido considerado un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos, al estar involucrado en financiamiento ilegal, narcotráfico y contrabando. Las milicias de Hezbolá entraron este lunes a la guerra al atacar a Israel.

La frontera de México con Estados Unidos es considerada por el Departamento de Seguridad Nacional como un entorno de alto flujo humano, presencia de redes de tráfico y vulnerabilidad logística. Hipotéticamente, México podría servir como una plataforma involuntaria por su problema estructural de la presencia de fuertes organizaciones criminales trasnacionales con control territorial y una frontera porosa en ciertos sectores, con la existencia de corredores clandestinos.

Desde una óptica de seguridad estratégica, cualquier crisis con Irán activa tres preocupaciones: la existencia de células dormidas que puedan ser activadas en situaciones extraordinarias; actores inspirados, como simpatizantes espontáneos de Irán, y operaciones indirectas vía terceros, como podría ser con Hezbolá.

Pese a las viejas alertas que ha levantado el Pentágono sobre Hezbolá en México y sus relaciones con cárteles de las drogas desde 2005, hasta ahora no hay registro de alguna actividad que haya afectado la seguridad interna. Tampoco hay precedente de acciones hostiles contra México por parte de Irán.

En 2011 hubo un caso frustrado en el que un individuo vinculado a la Fuerza Quds, una división de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní especializada en capacitación para ataques terroristas, intentó contactar sin éxito a supuestos narcotraficantes. Igualmente, en ese tiempo, el gobierno de Barack Obama desarticuló un complot iraní para asesinar al embajador de Arabia Saudita en Washington, con la colaboración de las autoridades mexicanas.

No existe evidencia pública sólida de infraestructura operativa permanente iraní en México orientada a ataques en Estados Unidos, contra la preferencia conocida de Irán por operaciones encubiertas sofisticadas, atentados en terceros países con baja trazabilidad y el uso de proxies como Hezbolá. Un ataque suicida improvisado que saliera de México no encajaría con el patrón táctico más frecuente del aparato estatal iraní.

La probabilidad de un ataque suicida para apoyar a Irán que tuviera como punto de inicio el territorio mexicano es baja, pero las precauciones que se están tomando forman parte de la incertidumbre que genera la guerra en el Medio Oriente, luego del rompimiento político y diplomático de Irán con Estados Unidos e Israel y de la muerte del ayatolá Jamenei.

La petición al gobierno mexicano de vigilar a “ciudadanos de interés” y “diplomáticos de interés” obedece al reconocimiento implícito de Washington de las capacidades tácticas operativas que Estados Unidos le atribuye a Irán en varias partes del mundo y se enmarca en los nuevos esquemas de cooperación bilateral entre los dos países. No hay una fecha de conclusión de la guerra, que ayer el presidente Donald Trump sugirió que podría extenderse por cuatro o cinco semanas más, que será el tiempo mínimo para el monitoreo solicitado a Palacio Nacional.

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Columna Estrictamente Personal de Raymundo Riva Palacio en El Financiero

Foto El Financiero

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