Trump enfrenta demandas millonarias por abusos en redadas migratorias

Los Ángeles, Estados Unidos. —El gobierno del expresidente Donald Trump enfrenta una creciente ola de demandas por supuestos abusos cometidos durante redadas migratorias , muchas de ellas dirigidas contra ciudadanos estadounidenses y residentes legales. Las querellas, algunas de ellas colectivas, solicitan indemnizaciones de hasta 50 millones de dólares por presuntas violaciones a los derechos constitucionales .

Una de las demandas más recientes fue presentación por Leonardo García Venegas , trabajador de la construcción, quien fue detenido en dos ocasiones por agentes migratorios en Alabama , pese a haber demostrado su estatus legal. Representado por el Instituto de Justicia , García Venegas sostiene que las detenciones fueron arbitrarias y violaron la Cuarta Enmienda , que protege contra arrestos sin causa probable.

En uno de los incidentes, registrados en video, agentes enmascarados ingresaron a una obra, derribaron y esposaron a García a pesar de que mostró su identificación REAL ID . En una segunda ocasión, fue arrestado nuevamente mientras trabajaba en una vivienda y liberado tras veinte minutos junto a otros residentes legales. Su caso forma parte de una querella colectiva que agrupa a 19 trabajadores que aseguran haber sido detenidos en circunstancias similares.

Otra demanda fue interpuesta por Rafie Ollah Shouhed , un hombre de 79 años que asegura haber sido brutalmente agredido durante una redada en su negocio en Los Ángeles , pese a estar en recuperación tras una cirugía de corazón . Videos de seguridad muestran cómo los agentes lo empujan al suelo, lo insultan y lo inmovilizan con fuerza, causándole fracturas y traumatismo craneal , ignorando sus súplicas de asistencia médica. Permaneció detenido durante casi 12 horas sin recibir atención y sin acceso a llamadas telefónicas. Su demanda también busca 50 millones de dólares en compensación y alegaciones de violaciones a la Ley Bane de California , que prohíbe el uso de la fuerza para restringir derechos civiles.

En otro frente, cinco ciudadanos y residentes permanentes presentaron querellas individuales en agosto pasado, denunciando detenciones arbitrarias durante operativos migratorios. Una de las afectadas, Cary López Alvarado , afirma que su bebé nació prematuramente a causa del estrés sufrido durante su detención mientras estaba embarazada.

El abogado Luis Carrillo , representante de los cinco demandantes, calificó las acciones de los agentes como “brutales” y aseguró que buscarán al menos un millón de dólares por caso. Además, se ha aliado con la congresista Maxine Waters y la activista Dolores Huerta para presentar una petición ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU , solicitando una investigación formal sobre los presuntos abusos contra ciudadanos e inmigrantes durante la administración Trump.

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Foto Archivo

djs