Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el director general de Agua de Puebla para Todos, Jordi Bosch Bragado, deslindó a la empresa de cualquier responsabilidad civil o financiera por los daños causados por las severas inundaciones que azotaron a la capital poblana el pasado 28 de junio.
Frente a los legisladores locales, argumentó que el marco legal y contractual que rige a la compañía establece obligaciones limitadas estrictamente a la infraestructura del drenaje sanitario, eximiéndola por completo de la operación y consecuencias ligadas al drenaje pluvial.
Bosch Bragado reconoció la magnitud de las tormentas registradas a finales de junio y detalló que se activó una coordinación estrecha con el "Comité Tláloc" y el Gobierno del Estado para mitigar los impactos. Sin embargo, enfatizó la postura legal de la empresa respecto al pago de daños a los damnificados.
"Aunque en el papel, pues lógicamente la responsabilidad de Agua de Puebla está limitada a drenaje sanitario, nosotros siempre podemos, y siempre se puede, pues es apoyar", señaló.
En ese sentido, dejó en claro que cualquier intervención de su personal para liberar vialidades o bombear agua acumulada responde a una política de "apoyo" institucional y no a una obligación.
Expone obras de mejoramiento estructural
Como parte de su defensa y rendición de cuentas, el directivo expuso las acciones técnicas ejecutadas por las brigadas de la empresa durante y después de la contingencia meteorológica.
En primer lugar, se reportó el desazolve de colectores de grandes dimensiones distribuidos a lo largo de más de 60 kilómetros en la zona urbana de la capital.
Asimismo, se informó sobre el despliegue de camiones tipo Vactor de gran tonelaje, los cuales se encuentran equipados con bombas de alta succión diseñadas específicamente para la extracción masiva de agua acumulada en los puntos críticos de inundación.
Pese al despliegue técnico expuesto ante el Congreso, la postura de la concesionaria deja la responsabilidad financiera de las afectaciones pluviales en un vacío normativo, trasladando de forma implícita la carga hacia el ámbito municipal o estatal.
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Foto: Especial
AV
