Para definir su viabilidad jurídica, el Congreso planea establecer mesas de trabajo coordinadas con el Ejecutivo estatal y diversas dependencias del ámbito legal y preventivo.

El presidente del Congreso del Estado de Puebla, Pável Gaspar, confirmó que el Poder Legislativo analizará incorporar exámenes antidoping obligatorios para aspirantes a cargos de elección popular. Sin embargo, aclaró que la medida no alcanzará a aplicarse en el proceso de 2027 debido a las restricciones de los tiempos legislativos actuales.
La propuesta busca sumarse a un paquete amplio de reformas dirigidas a fortalecer la seguridad pública y evitar la infiltración del crimen organizado en los ayuntamientos.
Para definir su viabilidad jurídica, el Congreso planea establecer mesas de trabajo coordinadas con el Ejecutivo estatal y diversas dependencias del ámbito legal y preventivo.
Esta iniciativa responde al llamado planteado por el gabinete estatal para elevar los controles de selección de candidaturas. Gaspar respaldó la importancia de la medida frente a recientes investigaciones que derivaron en la detención de diversos ediles y mandos policiales municipales por irregularidades y probables lazos con actividades ilícitas.
Aunque la aprobación formal tardará, el legislador urgió a las dirigencias partidistas a asumir responsabilidad en la revisión minuciosa de sus perfiles. Enfatizó que las fuerzas políticas deben ir más allá de los requisitos básicos para garantizar la idoneidad e integridad de quienes postulen a puestos de representación ciudadana.
Mesas de análisis y control de perfiles
El análisis parlamentario evaluará la viabilidad de la reforma durante la presente Legislatura con el fin de dejar un marco normativo consolidado. La intención central radica en impedir que candidatos con adicciones o nexos delictivos compitan por el poder público, protegiendo así la estabilidad de las administraciones locales en la entidad.
Mientras se desahogan los trabajos legislativos, las autoridades mantendrán el exhorto hacia los partidos para no priorizar únicamente la rentabilidad electoral.
Se busca que la evaluación integral de los aspirantes prevalezca sobre los intereses de campaña, asegurando gobiernos locales transparentes y comprometidos con la legalidad.
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Foto: Especial
cdch
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