“El único poder que puede desaparecer o sustituir a una autoridad municipal es el Congreso del Estado”, señaló el gobernador

La resolución de la crisis política que enfrenta el municipio de Acatlán de Osorio corresponde exclusivamente al Congreso del Estado, mientras que el Gobierno de Puebla continuará acompañando el proceso y garantizando la prestación de los servicios públicos.
Al ser cuestionado sobre el plantón que habitantes mantienen desde hace 50 días frente a la presidencia municipal, el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que, cuando no existen condiciones para alcanzar acuerdos, el Poder Legislativo es la única instancia facultada para sustituir a la autoridad municipal.
"El único poder que puede desaparecer o sustituir a una autoridad municipal es el Congreso del Estado. A través de sus diputados se determina la desaparición de poderes y la integración de un Concejo Municipal", afirmó.
Mientras el Congreso define el futuro de la administración municipal, el mandatario indicó que la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal mantendrá el diálogo con regidoras, regidores y el síndico para asegurar el funcionamiento de los servicios públicos.
Armenta también rechazó que el Gobierno del Estado haya sido omiso ante el conflicto, al asegurar que se han instalado mesas de diálogo para buscar una solución.
"No ha habido desatención; por el contrario, ha habido diálogo, diálogo y conciliación. Gobernación tiene la facultad de atender la relación entre los poderes y entre los órdenes de gobierno", sostuvo.
Las declaraciones del gobernador se dieron luego de que el diputado local Andrés Villegas Mendoza planteó la posibilidad de integrar un Concejo Municipal si el conflicto político persiste y no se alcanza una solución.
Actualmente, la seguridad pública en Acatlán de Osorio está a cargo del Gobierno del Estado, después de que el exsecretario de Seguridad Pública municipal, Juan Alberto Domínguez López, irrumpiera armado en una sesión de Cabildo en la que se discutía la revocación de mandato de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas.
De manera paralela, la presidenta municipal es objeto de una revisión por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para conocer el estado de las finanzas de la administración municipal.
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Foto: Especial
cdch
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