Con el Acuerdo A/004/2026, publicado en el Periódico Oficial del Estado, la institución modificó su estructura para fortalecer la investigación de delitos contra animales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla creó una coordinación especializada para investigar delitos contra animales y formalizó el Servicio Veterinario Forense, encargado de realizar necropsias y emitir dictámenes periciales. Los cambios, publicados el 7 de octubre, también contemplan transferir los expedientes de la unidad que desapareció.
Con el Acuerdo A/004/2026, publicado en el Periódico Oficial del Estado, la institución modificó su estructura para fortalecer la investigación de delitos contra animales. La disposición fue firmada por la fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, y entró en vigor al día siguiente de su publicación.
La nueva Coordinación General Especializada en Investigación de Delitos contra Animales sustituye a la antigua unidad que dependía de la Fiscalía de Investigación Metropolitana. Su estructura contempla áreas de Investigación, Litigación, Análisis y Contexto, Apoyo Policial y Apoyo Pericial.
FGE formaliza servicio forense veterinario
El acuerdo también modifica la estructura del Instituto de Ciencias Forenses para incorporar la Dirección y la Subdirección del Servicio Veterinario Forense, encargadas de las labores periciales relacionadas con animales.
Entre sus funciones están realizar necropsias, elaborar dictámenes médico-veterinarios con sustento científico y coordinar el levantamiento y traslado de cadáveres de animales. Además, administrará al personal integrado por médicos veterinarios zootecnistas y peritos.
La reestructuración busca que las investigaciones por maltrato animal cuenten con áreas especializadas y procedimientos que permitan atender estos casos con máxima especialidad y debida diligencia, de acuerdo con el documento.
Maltrato animal puede castigarse con prisión
El acuerdo retoma las sanciones previstas en el Código Penal de Puebla. Por lesiones derivadas del maltrato animal, las penas pueden ir de diez meses a cuatro años de prisión; si el animal pierde la vida, aumentan de cinco a ocho años.
El documento también contempla agravantes relacionadas con actos sexuales contra animales, peleas clandestinas de perros, uso de armas y extorsión mediante la exigencia de dinero para devolver animales de compañía.
Transferirán expedientes y recursos
Como parte de la implementación, la Fiscalía de Investigación Metropolitana deberá entregar a la nueva coordinación todos los expedientes y asuntos que permanecían en trámite en la unidad desaparecida.
Por su parte, la Oficialía Mayor se encargará de gestionar la transferencia de los recursos humanos y materiales necesarios para el funcionamiento de las nuevas áreas, conforme a la suficiencia presupuestaria.
Foto: Especial
cdch
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