José Luis García Parra, coordinador de Gabinete, informó que pidió a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, que un visitador acompañara el proceso de Arturo Mendoza, abogado del colectivo Hermanos Serdán, para verificar que se respetaran sus derechos.
García Parra sostuvo que Mendoza no fue detenido por su activismo contra el Cablebús, sino a partir de una denuncia por violencia presentada por Nadia, su expareja sentimental.
El funcionario señaló que realizó personalmente la petición ante la CDH porque anticipaba que los opositores al proyecto de transporte intentarían presentar la detención del abogado como una persecución política.
“Previmos que iban a intentar voltear la historia y señalar que su defensor legal es un preso político”, afirmó.
García Parra rechazó que en Puebla existan presos políticos y sostuvo que ninguna persona está exenta de cumplir la ley, incluidos activistas, integrantes de partidos políticos u opositores al gobierno.
Piden respetar debido proceso
El coordinador de Gabinete señaló que, independientemente de las circunstancias de una detención, las autoridades deben garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos.
“En Puebla hay Estado de Derecho”, sostuvo.
En el caso de Mendoza, reiteró que la acusación que derivó en su detención corresponde a una denuncia presentada por su expareja y no a las actividades que realiza como abogado del colectivo que se opone al proyecto del Cablebús.
La intervención de la CDH, explicó, busca que durante el procedimiento se verifique que no existan vulneraciones a los derechos del detenido.
García Parra también respondió a los señalamientos realizados por compañeros del abogado, quienes han relacionado su detención con su participación en la oposición al Sistema de Transporte por Cable.
El funcionario insistió en que el activismo o la posición política de una persona no la coloca fuera del alcance de la ley.
Al mismo tiempo, señaló que el gobierno estatal tiene la obligación de garantizar que cualquier persona sometida a un procedimiento legal pueda ejercer sus derechos y contar con las garantías correspondientes.
Con la solicitud a la CDH, García Parra aseguró que el caso tendrá acompañamiento para revisar que el proceso contra Mendoza se desarrolle conforme a derecho.
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Foto: Especial
cdch
