El Gobierno de Puebla prepara un proceso jurídico contra exfuncionarios y actores políticos que participaron en contratos relacionados con las plataformas de Audi, al considerar que generaron un perjuicio financiero para el estado y compromisos por entre mil 500 y mil 600 millones de pesos para 2026 y 2027.
Durante el programa “Derecho de Réplica”, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, anunció que la administración estatal recurrirá a los tribunales para revisar estos contratos, que calificó como “leoninos”.
El funcionario señaló que en la operación de estos acuerdos participaron exfuncionarios y actores políticos vinculados con el Partido Acción Nacional (PAN), aunque no proporcionó nombres ni precisó contra quiénes se dirigirán las acciones legales.
García Parra sostuvo que los contratos fueron adquiridos durante administraciones anteriores y actualmente representan compromisos financieros que el estado deberá cubrir durante el año en curso y el siguiente.
Gobierno descarta negociar contratos
El coordinador de Gabinete afirmó que la administración estatal no contempla negociar los contratos, por lo que buscará que mediante la vía jurídica se determinen las responsabilidades correspondientes.
Aclaró que los pagos pendientes no se realizan directamente a Audi, sino a otra empresa con la que se adquirió el compromiso financiero relacionado con las plataformas de la armadora.
El funcionario sostuvo que el gobierno actual considera que estos acuerdos representan un perjuicio para las finanzas estatales, por lo que la intención es revisar jurídicamente cómo fueron celebrados y quiénes participaron.
García Parra también rechazó que la pertenencia al PAN pueda representar una protección para quienes pudieran resultar involucrados.
“El que sean activos reales del PAN no quiere decir que tengan un velo protector contra sus actos de corrupción y que después digan que se les está persiguiendo; ellos se prestaron para un negocio”, aseveró.
Sin nombres de los posibles denunciados
Aunque García Parra anunció una ruta jurídica, no detalló cuáles serán las acciones legales, ante qué autoridad se presentarán ni cuándo serán formalizadas.
Tampoco dio a conocer los nombres de los exfuncionarios o actores políticos que, según su señalamiento, participaron en los contratos.
Por ahora, el gobierno estatal plantea llevar el caso ante tribunales para determinar las responsabilidades que correspondan, mientras mantiene los compromisos financieros derivados de estos acuerdos para 2026 y 2027.
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Foto: Especial
cdch
