Al menos tres denuncias formales por hostigamiento y acoso laboral fueron presentadas en la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan contra el titular del área pericial del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), Pablo Alex Andrés Huez Cárdenas.
Las denuncias fueron interpuestas por tres peritas de la institución, quienes señalan al funcionario y a colaboradores cercanos por presuntas conductas de intimidación y presiones laborales. Los expedientes ya se encuentran en revisión dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El proceso de investigación permanece activo en el área jurídica de la dependencia, luego de que las trabajadoras formalizaron sus señalamientos ante la Dirección General del Incifo, encabezada por Alejo Carpio Ríos.
De acuerdo con los expedientes, las denunciantes describen un ambiente laboral marcado por presuntas presiones, descalificaciones y cambios en sus condiciones de trabajo. Los testimonios también señalan a Martha Bianca Rodríguez Viveros entre las personas involucradas.
Entre los hechos denunciados se encuentran reasignaciones obligatorias desde la sede de Tehuacán hacia las oficinas centrales, donde las trabajadoras habrían sido requeridas para cubrir guardias de hasta 24 horas en actividades ajenas a su perfil.
Señalan amenazas y agresiones verbales
Las denunciantes también documentaron presuntas agresiones verbales durante reuniones de trabajo, con gritos, descalificaciones y acusaciones de bajo rendimiento. Además, señalaron amenazas relacionadas con posibles despidos o cambios de adscripción.
Según los expedientes, algunas trabajadoras habrían sido advertidas con ser enviadas a áreas consideradas de castigo, como el archivo general, situación que habría incrementado la tensión dentro del espacio laboral.
Los testimonios también refieren afectaciones a la salud de las denunciantes, principalmente cuadros de ansiedad y estrés que, aseguran, estarían relacionados con las condiciones en las que desempeñan sus funciones.
Las conductas señaladas son analizadas por las autoridades para determinar si constituyen faltas administrativas o delitos, además de establecer las responsabilidades que correspondan a quienes resulten involucrados.
Ante los señalamientos, autoridades estatales sostuvieron que no habrá tolerancia a posibles abusos dentro del órgano procurador de justicia y que ningún cargo público debe convertirse en una vía para obtener impunidad.
La investigación continuará con el análisis de los expedientes y las evidencias aportadas por las trabajadoras. Su resultado determinará si existen elementos para formular cargos penales o administrativos y establecer medidas para proteger a las denunciantes.
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