Pide García Parra al Congreso reforma para que antidoping sea requisito para candidatos

Derivado de la detención de cinco ediles en lo que va de la administración y de un exalcalde que permanece prófugo, el coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, pidió al Congreso local analizar una reforma electoral para establecer el antidoping como requisito para quienes busquen una candidatura.

Durante la tercera edición de su programa Derecho de Réplica, transmitido este martes 18 de agosto, el funcionario planteó que los partidos políticos deben endurecer la revisión de los perfiles que postulan a cargos de elección popular, particularmente ante los casos de autoridades municipales vinculadas con investigaciones penales.

García Parra señaló que no basta con solicitar una carta de antecedentes no penales, pues, desde su perspectiva, los partidos deben realizar una revisión más amplia de quienes pretenden competir por un ayuntamiento.

“Que todos los partidos políticos revisen los perfiles de quienes van a buscar un cargo de elección popular. No le abran las puertas a perfiles que tengan vínculos con el crimen. No todo es un acta de antecedentes no penales”, expresó.

El coordinador de Gabinete incluso sostuvo que en las comunidades suelen conocerse antecedentes o comportamientos de quienes buscan ocupar un cargo público, por lo que llamó a las dirigencias partidistas a tomar en cuenta esa información antes de definir sus candidaturas.

Cinco ediles detenidos y un exalcalde prófugo

El planteamiento ocurre luego de que cinco presidentes municipales o exalcaldes vinculados con gobiernos municipales de Puebla han sido detenidos durante la actual administración estatal, mientras otro permanece prófugo de la justicia.

El caso más reciente corresponde a Juan, alias “El Mantecas”, exedil de Tianguismanalco, emanado del Partido del Trabajo (PT), contra quien la Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de aprehensión el lunes 17 de agosto.

A esta lista se suman los hermanos Uruviel y Giovanni Vieyra, exediles de Chalchicomula de Sesma y Tlachichuca, respectivamente, quienes fueron detenidos en 2025 durante un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales.

También fue detenido Ramiro González Vieyra, entonces alcalde de San Nicolás Buenos Aires, investigado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

El cuarto caso corresponde a Gerardo Cortés Caballero, edil de Cuautempan, quien fue asegurado por la FGE en posesión de armas de fuego y sustancias ilícitas.

A estos casos se suma Alfredo Ramírez Hernández, exalcalde de Ahuazotepec, quien permanece prófugo después de un operativo realizado en mayo de 2025 en su domicilio, donde autoridades localizaron armas y drogas. Posteriormente presentó su renuncia irrevocable al cargo.

Ante este escenario, García Parra consideró necesario que los partidos políticos asuman una mayor responsabilidad al momento de seleccionar a sus candidatos y eviten abrir espacios a personas que puedan tener vínculos con grupos criminales únicamente para obtener votos.

El funcionario reconoció que modificar los requisitos para competir por un cargo de elección popular no sería sencillo, pues una reforma secundaria tendría que respetar los derechos establecidos en la Constitución

“Si agregamos algunos requisitos mucho más severos, quien quiere participar va a irse a la Constitución y va a decir: ‘mis derechos están garantizados’”, explicó.

Por ello, consideró que eventualmente tendría que analizarse una modificación constitucional, aunque insistió en que, por ahora, resulta fundamental sensibilizar a las dirigencias partidistas

García Parra pone sobre la mesa el antidoping

Pese a las dificultades jurídicas, el coordinador de Gabinete se pronunció personalmente a favor de que el Congreso de Puebla analice una reforma para establecer pruebas antidoping como parte del proceso de selección de candidatos.

“Yo en lo personal sí estaría de acuerdo en que el Congreso del Estado trabaje alguna reforma para que se sometan al menos al antidoping quienes quieran participar en algún proceso de selección de candidatos o candidatas en algún partido político”, afirmó.

García Parra dejó la decisión en manos del Poder Legislativo, aunque adelantó que el gobierno estatal estará atento a la discusión

El planteamiento llega cuando el proceso electoral de 2027 comienza a tomar forma, pues el propio funcionario recordó que éste iniciará formalmente en noviembre.

Con ello, la propuesta coloca sobre la mesa un nuevo debate: hasta dónde pueden llegar los partidos y las instituciones para revisar a quienes buscan una candidatura sin vulnerar los derechos políticos establecidos en la Constitución.

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Foto: Especial 

cdch