Tras un intento de liberar al feminicida de Karla López Albert, el Poder Judicial de Puebla suspendió a dos secretarios del Juzgado Segundo de lo Civil y Penal de Cholula, informó el presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Martínez.
Se trata del secretario penal que firmó el oficio enviado al Centro de Reinserción Social (Cereso) para concretar la liberación de Manuel Forcelledo Nader, así como de la secretaria civil que se encontraba en funciones en ese juzgado.
Pedro Martínez explicó que ambos servidores públicos fueron separados temporalmente de sus funciones como medida cautelar, mientras se desarrolla el procedimiento administrativo iniciado por los hechos ocurridos en el Juzgado Segundo de Cholula.
“Tenemos actualmente a dos secretarios, al secretario penal y a la secretaria civil, suspendidos como medida cautelar temporal en lo que llegamos a la resolución”, señaló.
El presidente del Consejo de la Judicatura precisó que los funcionarios cuentan con medios de defensa y están haciendo uso de ellos, por lo que la suspensión no representa una resolución definitiva sobre su responsabilidad.
La medida tiene como propósito garantizar el desarrollo de la investigación administrativa, preservar la integridad del procedimiento y permitir que las diligencias se realicen con objetividad.
Ordenaron prisión domiciliaria a feminicida
El caso se originó luego de que el pasado 12 de mayo el Juzgado Segundo de lo Civil y Penal del distrito judicial de Cholula concediera a Manuel Forcelledo Nader un cambio en la medida de internamiento.
El juzgado determinó sustituir su permanencia en prisión por arresto domiciliario con brazalete electrónico, pese a que cumple una sentencia de 76 años de prisión por el feminicidio de Karla López Albert.
Posteriormente, el Poder Judicial detectó irregularidades relacionadas con el oficio mediante el cual se pretendía comunicar al Cereso la liberación de Forcelledo.
A partir de estos hechos se abrió un procedimiento para determinar las responsabilidades correspondientes dentro del juzgado.
Como parte de las primeras acciones, el Consejo de la Judicatura determinó suspender temporalmente al secretario penal que firmó el documento y a la secretaria civil que estaba en funciones.
Martínez indicó que el procedimiento continúa abierto y que será hasta su conclusión cuando se determine si existe alguna responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos involucrados.
El caso permanece bajo revisión del Poder Judicial de Puebla, mientras se desahogan las diligencias y los funcionarios ejercen sus respectivos medios de defensa.
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Foto: Especial
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