El nombre de Gerardo Mérida Sánchez, ex comandante de la XXV Zona Militar en Puebla, salió a relucir en una acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que también figuran otros funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El señalamiento forma parte de una investigación más amplia relacionada con presuntos vínculos entre autoridades y el crimen organizado.
Durante su paso por Puebla, Mérida Sánchez ocupó el cargo entre junio de 2021 y junio de 2022, un periodo marcado por dos factores relevantes: la etapa final del gobierno de Miguel Barbosa y la contingencia sanitaria por Covid-19. En ese tiempo, asumió el mando militar en sustitución de Rodrigo Herrera Huízar, en un contexto donde las Fuerzas Armadas mantenían una participación activa en tareas de seguridad y apoyo logístico derivadas de la pandemia.
De acuerdo con registros oficiales, su trayectoria dentro del Ejército mexicano es amplia y abarca distintos estados del país. Ha tenido responsabilidades en zonas consideradas estratégicas por su nivel de violencia o presencia de grupos delictivos, como Tamaulipas, Michoacán y Oaxaca. Entre los cargos que ha desempeñado se encuentran mandos en zonas militares, así como funciones dentro del Estado Mayor, en áreas clave como inteligencia, operaciones y logística.
Además, su carrera incluye experiencia internacional como agregado militar en la embajada de México en Chile, así como labores académicas al frente de la Escuela Militar de Inteligencia. En el ámbito civil, su perfil académico señala estudios de posgrado en seguridad y defensa nacional, así como formación en derecho y administración militar.
El punto que ha generado mayor atención en las recientes acusaciones es su paso por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, cargo que asumió en septiembre de 2023. Es precisamente este periodo el que, según las autoridades estadounidenses, podría estar relacionado con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones delictivas más señaladas a nivel internacional por tráfico de drogas.
La acusación no se limita a un solo funcionario. En total, son diez los nombres incluidos en el documento, quienes enfrentarían señalamientos por delitos que van desde narcotráfico y tráfico de armas, hasta secuestro y homicidio de informantes vinculados a agencias de Estados Unidos. También se les atribuye la posible filtración de información sobre operativos conjuntos, lo que habría comprometido acciones de seguridad.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido una postura detallada sobre estos señalamientos.
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