Construyen Estrategia Nacional para la Prevención y Atención del Comportamiento Suicida

México.- La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) inició la Estrategia Nacional para la Prevención y Atención del Comportamiento Suicida 2026–2030, con el objetivo de articular las capacidades y acciones que desarrollan instituciones de los sectores salud, educativo, social y comunitario, bajo un enfoque territorial, basado en evidencia científica y con pleno respeto a los derechos humanos.

La comisionada nacional de Salud Mental y Adicciones, Yerania Emireé Enríquez López, señaló que el comportamiento suicida constituye un fenómeno complejo y multidimensional, en el que intervienen factores individuales, familiares, sociales y comunitarios, por lo que requiere una respuesta coordinada que permita capitalizar las acciones que realizan las instituciones y fortalecerlas mediante una estrategia nacional.

Durante el encuentro, explicó que México cuenta con avances y herramientas para la prevención y atención del comportamiento suicida, entre ellas el Código 100, los mecanismos de coordinación sectorial para la referencia y contrarreferencia de casos, la Estrategia Nacional de Salud Mental y Adicciones, así como la Línea de la Vida. En este sentido, enfatizó que el reto es articular estos esfuerzos para que se conviertan en una acción efectiva en los territorios.

Por ello, la funcionaria convocó a instituciones públicas, entidades federativas, sector salud, instituciones educativas, academia, especialistas, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y comunidades a aportar experiencias, capacidades y propuestas para construir una estrategia que responda a las distintas realidades del país.

La comisionada nacional destacó que la estrategia deberá sustentarse en tres pilares: evidencia científica, derechos humanos y pertinencia territorial. Añadió que se busca que la política pública llegue efectivamente a las comunidades y coloque en el centro a las personas y su bienestar.

Por su parte, la directora general de Políticas de Salud Mental y Adicciones, Lucía Ledesma Torres, destacó que la estrategia tendrá un carácter operativo, territorial y sensible a las necesidades de las distintas regiones y poblaciones del país.

Señaló que será necesario definir con claridad las responsabilidades de cada institución, fortalecer los mecanismos de referencia y contrarreferencia, mejorar la detección oportuna y desarrollar las capacidades de los equipos de trabajo, incluida la capacitación de quienes pueden fungir como primeros respondientes ante situaciones de riesgo para la salud mental.

Ledesma Torres resaltó el fortalecimiento de la Línea de la Vida, cuya difusión se ha ampliado mediante medios de comunicación y redes sociales. Informó que cerca del 80 por ciento de las llamadas recibidas son resueltas mediante orientación técnica durante la propia llamada, mientras que el 20 por ciento restante puede requerir derivación a otros prestadores de servicios.

Por su parte, el director general de Primer Nivel, José Alberto Gutiérrez Manuel, reiteró la importancia de las Comisiones Estatales, cuyo objetivo es coordinar esfuerzos a nivel local para implementar estrategias preventivas y acciones focalizadas.

La Estrategia Nacional para el periodo 2026–2030 se desarrolla mediante un proceso de colaboración interinstitucional e intersectorial, con el propósito de transformar los acuerdos en acciones concretas, establecer mecanismos de seguimiento y avanzar hacia la mejora continua de la respuesta ante el comportamiento suicida.

En este esfuerzo participan instituciones del sector salud y de otros ámbitos, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS Bienestar, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Educación Pública, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Cruz Roja, así como organismos internacionales, academia y representantes de las entidades federativas.

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