San Gabriel Chilac, Pue.- El conflicto por la suspensión del servicio de agua potable a cuatro habitantes de San Gabriel Chilac podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que pobladores anunciaran que preparan una movilización para solicitar una audiencia con el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.
La determinación fue dada a conocer por integrantes de la comunidad, quienes señalaron que buscan que el máximo tribunal del país conozca el trasfondo del caso y escuche la postura de la población respecto a las decisiones adoptadas bajo sus usos y costumbres.
De acuerdo con los habitantes, el corte del suministro se aplicó a cuatro personas que presuntamente arrendaron sus terrenos a una empresa de invernaderos, situación que generó inconformidad entre la población y derivó en una asamblea comunitaria, en la que se acordó mantener la suspensión del servicio.
Los pobladores insistieron en que la medida responde a un acuerdo colectivo y afirmaron que no existe intención de reconectar las tomas, al considerar que ello significaría desconocer la voluntad expresada por la comunidad.
Asimismo, destacaron que San Gabriel Chilac cuenta con un sistema de organización tradicional que data desde la época colonial, en el que los denominados "ramales" desempeñan un papel fundamental en la vida comunitaria y en la toma de decisiones.
Indicaron que uno de los objetivos de acudir a la SCJN es exponer la relevancia de preservar estos mecanismos de organización y solicitar que se garantice el respeto a la autonomía de los pueblos originarios.
La elección de Hugo Aguilar Ortiz como interlocutor no es casual. Los habitantes señalaron que ven en el primer presidente de la Suprema Corte con raíces indígenas una oportunidad para que las comunidades sean escuchadas desde una perspectiva más cercana a su realidad.
En medio de un conflicto que ha generado debate entre el respeto a los usos y costumbres y el derecho humano al acceso al agua, San Gabriel Chilac asegura que mantendrá su postura y agotará las instancias necesarias para defender lo que considera parte de su identidad y de su forma histórica de gobierno.
Mientras se define la fecha de la movilización, la comunidad se mantiene firme en su decisión y advierte que está dispuesta a llevar su causa hasta la más alta instancia judicial del país.
Cabe destacar que la parte afectada indicó que denunciará ante la Fiscalía General de la República (FGR) el desacato al mandamiento judicial de suspensión definitiva de 3 Amparos que ordena restablecer el suministro del vital líquido.
Foto: Especial
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