Abogado llevará a la FGR conflicto por corte de agua en San Gabriel Chilac; acusa desacato a suspensiones federales

Tehuacán, Pue.- El conflicto por la suspensión del suministro de agua potable en el municipio de San Gabriel Chilac escaló al ámbito federal, luego de que el abogado de siete habitantes afectados por el corte del servicio anunciara que presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto incumplimiento de suspensiones definitivas otorgadas por jueces federales, ante el Amparo interpuesto.

En rueda de prensa, el litigante, Tomas Calderón Alfaro señaló que el presidente del ramal central de agua, Isidoro Romero Rosales, así como representantes de otros ramales y, en algunos casos, el propio presidente municipal, Jorge Alberto Lezama Martínez podrían enfrentar consecuencias legales que van desde la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta penas de entre seis y 12 años de prisión.

Indicó que, hasta el momento, tres jueces federales han concedido suspensiones definitivas a favor de los afectados, ordenando la reconexión inmediata del servicio de agua, al considerar que se trata de un derecho humano protegido por la Constitución y tratados internacionales.

Explicó que el conflicto inició el pasado 19 de junio, cuando siete ciudadanos fueron sancionados con multas de 50 mil pesos cada uno y se les suspendió el suministro de agua, presuntamente por haber rentado sus terrenos a la empresa que instalaría invernaderos, situación que calificó como un acto de represalia y “venganza social”.

“El derecho al agua no puede estar sujeto a la voluntad de una asamblea ni a usos y costumbres cuando se vulnera la Constitución. La mayoría no puede decidir quitarle un derecho humano a una minoría”, expresó.

Añadió que, aunque San Gabriel Chilac es reconocido como una comunidad indígena, las resoluciones judiciales han sido claras al establecer que los usos y costumbres no pueden estar por encima de los derechos fundamentales.

Asimismo, acusó que, pese a que una de las suspensiones ya había sido acatada y el servicio restablecido, nuevamente se procedió al corte del suministro, por lo que ya se promovieron incidentes de incumplimiento ante los juzgados federales.

El abogado aseguró que también se procederá legalmente contra el alcalde de San Gabriel Chilac, al considerar que incurrió en omisión al no garantizar la prestación del servicio, obligación que corresponde al Ayuntamiento conforme al artículo 115 constitucional.

Detalló que, en dos de los tres amparos promovidos, los jueces reconocieron al presidente municipal como autoridad responsable, por lo que podría ser sujeto a las mismas sanciones derivadas del incumplimiento de las resoluciones judiciales.

“Violar una suspensión federal no es un juego; la Ley de Amparo contempla cárcel, destitución e inhabilitación. Ya cometieron el delito al no cumplir con la orden de restablecer el agua”, enfatizó.

También señaló que el Ayuntamiento habría intentado mediar ofreciendo cubrir el 10 por ciento de las multas impuestas, siempre y cuando los afectados reconocieran haber aceptado el pago, propuesta que fue rechazada por considerar que legitimaría una sanción que consideran ilegal.

Sobre el origen del conflicto, reiteró que las sanciones derivaron de la decisión de los ciudadanos de arrendar sus parcelas a la empresa Ecoterra, la cual posteriormente abandonó el proyecto, dejando a los habitantes enfrentando las consecuencias sociales y legales.

Finalmente, adelantó que el próximo 3 de agosto se reactivarán diversos juzgados federales que actualmente se encuentran en periodo vacacional, por lo que esperan obtener nuevas suspensiones a favor de los otros afectados.

Mientras tanto, el litigante insistió en que buscarán que las autoridades responsables sean sancionadas conforme a la Ley de Amparo y advirtió que, una vez obtenida una resolución definitiva, también analizarán promover acciones civiles para reclamar daños y perjuicios.

“Nosotros confiamos en el amparo y en la Fiscalía General de la República. Lo único que quieren estas personas es que les devuelvan el agua y que se respeten sus derechos”, concluyó.

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Foto: Especial 

cdch