Lentitud judicial mantiene en espera de justicia a familias de víctimas de violencia en Tehuacán

Tehuacán, Pue.- La búsqueda de justicia para mujeres víctimas de violencia extrema en la región de Tehuacán continúa enfrentando largos procesos judiciales, audiencias diferidas y expedientes que avanzan lentamente, situación que mantiene en incertidumbre tanto a sobrevivientes de intento de feminicidio como a familias de víctimas que siguen esperando una resolución.

Dos de estos casos son los de Susana Rojas Merino y Diana Lisey Aragón, sobrevivientes de ataques con arma blanca perpetrados presuntamente por sus ex parejas, cuyos procesos legales se mantienen sin sentencia pese a la gravedad de las agresiones.

En el caso de Susana, el ataque ocurrió el 24 de abril de 2018 en el municipio de Tepanco de López, cuando su ex pareja la agredió con un arma punzocortante en 17 ocasiones frente a sus dos hijas. Tras permanecer hospitalizada durante varias semanas, decidió denunciar los hechos; sin embargo, la carpeta de investigación fue iniciada únicamente por el delito de lesiones.

No fue sino hasta 2024 cuando el caso fue reclasificado como tentativa de feminicidio, lo que evidenció el largo tiempo que transcurrió sin que se investigara bajo la perspectiva de género correspondiente.

Aunado a ello, compañeros docentes de la víctima señalaron que posteriormente el presunto agresor interpuso una denuncia por secuestro contra Susana y algunos de sus familiares, lo que derivó en la detención de ella, su madre, su hermano y un tío, quienes actualmente enfrentan el proceso en prisión preventiva.

Pese a permanecer privada de su libertad, Susana logró concluir su formación profesional y presentar su examen desde el Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, donde obtuvo su título como licenciada en Educación Primaria. No obstante, sus compañeros han denunciado que las audiencias del caso continúan retrasándose, lo que impide que pueda demostrar su inocencia y recuperar su libertad, mientras que el presunto agresor permanece fuera de prisión.

Otro proceso que también refleja la lentitud en la impartición de justicia es el de Diana Lisey Aragón, quien en febrero de 2023 fue atacada en la colonia Aeropuerto de Tehuacán por su ex pareja y otro sujeto, quienes presuntamente la apuñalaron en 16 ocasiones.

Debido a la gravedad de las heridas, la joven permaneció en coma aproximadamente una semana. Durante la agresión, su tío intentó intervenir para defenderla, pero también resultó lesionado por los agresores.

Aunque los presuntos responsables, identificados como Oscar N. y Jorge N., fueron detenidos, el proceso judicial no ha tenido avances significativos debido a constantes diferimientos de audiencias, lo que ha retrasado que el caso pueda avanzar hacia la etapa de juicio.

Hilda Reyes Aragón, madre de Diana, señaló que el proceso ha representado un fuerte desgaste emocional y económico para la familia, además de que su hija continúa enfrentando las secuelas físicas y psicológicas del ataque, sin poder retomar su vida con normalidad.

A estos casos se suma el reclamo de familiares de víctimas de feminicidio, como el de Victoria Isabel Montaño Ortega, quien fue asesinada el 9 de febrero de 2023 en el fraccionamiento Santa María en la junta auxiliar de Santa María Coapan.

Quien por tercer año consecutivo una de sus sobrinas volvió a exigir justicia, pues ha recibido respuestas claras sobre el avance de la investigación, e incluso denunciaron que en algún momento les sugirieron “dejar el caso así”, pese a que aseguran que existen elementos que podrían ayudar a esclarecer los hechos.

Ante estos casos, familiares, docentes y colectivos han señalado que la lentitud de los procesos judiciales no solo retrasa el acceso a la justicia, sino que también prolonga el sufrimiento de las víctimas y sus familias, quienes continúan esperando que los responsables enfrenten una sentencia, algunos detenidos, algunos libres y en otros casos sin dar con el agresor.

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Foto: Yomara Pacheco

cdch