A ocho años de su desaparición, mantienen viva la exigencia de justicia por Sergio Rivera en Tehuacán

Tehuacán, Pue.- A ocho años de la desaparición del defensor nahua Sergio Rivera Hernández, familiares, integrantes de comunidades de la Sierra Negra y organizaciones sociales volvieron a las calles para exigir que el caso no quede en el olvido y que las autoridades esclarezcan qué ocurrió con el activista.

La movilización se realizó este domingo frente a la Casa de Justicia de Tehuacán, donde los participantes reclamaron avances en las investigaciones y demandaron que se determinen responsabilidades por la desaparición ocurrida el 23 de agosto de 2018, en el municipio de San Pablo Zoquitlán.

Rivera Hernández era reconocido por su participación en la defensa del territorio y su oposición al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala. Desde su desaparición, comunidades y organizaciones de la región han mantenido la exigencia de que se conozca su paradero y se esclarezcan los hechos.

Durante la protesta, integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y otros colectivos colocaron una placa conmemorativa en las inmediaciones de la Casa de Justicia, como símbolo de los ocho años transcurridos sin conocer el paradero del defensor.

También realizaron pintas con la consigna “Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”, con las que reiteraron que continuarán demandando su localización y justicia para su familia.

De acuerdo con los familiares, tras los hechos fueron detenidas tres personas y vinculadas a proceso por su presunta participación; sin embargo, recuperaron su libertad en 2020, por lo que ahora solicitan que las actuaciones realizadas en ese momento sean revisadas y se determine si existe alguna responsabilidad.

Por su parte, MAIZ señaló que la investigación fue reabierta en 2023, aunque advirtió sobre presuntas irregularidades que, desde su perspectiva, han dificultado el avance del caso.

Entre los señalamientos se encuentra la situación de testigos considerados relevantes para la investigación, quienes habrían dejado de declarar después de recibir amenazas, por lo que las organizaciones exigieron que se les otorguen garantías de seguridad.

Los manifestantes también pidieron a las autoridades mantener abiertas las líneas de investigación, dar seguimiento a las declaraciones y evitar que el paso del tiempo termine debilitando el expediente relacionado con la desaparición de Rivera Hernández.

A ocho años de aquel 23 de agosto de 2018, familiares, comunidades y organizaciones insistieron en que la exigencia permanece vigente: conocer el paradero de Sergio Rivera Hernández, esclarecer lo ocurrido y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

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