La Reforma a la Ley de Amparo debilita el Estado de Derecho: CCE

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifiesta su profunda preocupación por las reformas propuestas a la Ley de Amparo, que debilitan gravemente el Estado de Derecho, vulneran la seguridad jurídica y ponen en riesgo la continuidad de las empresas, el empleo y la inversión nacional y extranjera.

El juicio de amparo, pilar histórico de la justicia constitucional mexicana, ha sido la principal defensa de ciudadanos y empresas frente a actos arbitrarios de autoridad. Sin embargo, las reformas recientes limitan su alcance, reducen la posibilidad de suspensión de actos lesivos y restringen el interés legítimo, afectando directamente a quienes generan desarrollo económico.

Efectos y riesgos principales para la empresa y el empleo:

Restricción en la suspensión de créditos fiscales: Solo procederá si se garantiza el total del crédito y accesorios. Esto excluye a las pequeñas y medianas empresas, que carecen de liquidez para cubrir la garantía, permitiendo al SAT continuar con embargos o remates aun con el amparo en trámite.

Sin suspensión ante cancelación de licencias o concesiones: En casos de revocaciones o cancelaciones de permisos por autoridades federales (Por ejemplo: COFEPRIS, CRE, SCT), la suspensión no opera hasta la sentencia final. Ello puede mantener paralizadas a empresas durante años, con la consecuente pérdida de inversión y empleos.

Retroactividad y desechamiento de amparos fiscales: El artículo transitorio propuesto prevé efectos retroactivos, lo que provocará que miles de amparos en trámite sean desechados. Esta medida vulnera el principio constitucional de irretroactividad de la ley y el derecho de acceso efectivo a la justicia.

Riesgo de cierre empresarial y afectación al empleo: La imposibilidad de suspender actos arbitrarios provoca daños irreversibles: cierres de plantas, pérdida de cadenas productivas y de miles de fuentes de trabajo. El impacto se extiende a la economía local y nacional.

Debilitamiento del control constitucional: La reforma desnaturaliza el Juicio de Amparo al privarlo de su efecto protector inmediato, convirtiéndolo en un recurso tardío e ineficaz. Se fortalece la discrecionalidad del Estado y se deteriora la confianza de los inversionistas. Nuestro llamado: El CCE hace un respetuoso pero firme exhorto: Ö Al Congreso de la Unión, para reconsiderar las reformas y garantizar que el juicio de amparo siga siendo un instrumento eficaz de defensa de los derechos y libertades.

Al Poder Judicial de la Federación, para que, en el ejercicio de sus facultades, preserve la justicia y la equidad en la interpretación de estas normas. Reiteramos que el cierre de una empresa afecta gravemente el empleo, la economía local y la inversión. La seguridad jurídica es condición esencial para el desarrollo económico en Puebla y en el país.

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