El Gobierno argentino incorporó cinco empresas británicas a la demanda por actividades petroleras en las islas Malvinas.

Buenos Aires, Argentina.- El Gobierno de Argentina amplió la demanda penal presentada contra empresas que realizan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas, al incorporar a cinco compañías británicas que, según las autoridades argentinas, operan bajo licencias consideradas ilegales por el país sudamericano en un territorio cuya soberanía continúa en disputa con el Reino Unido.
Entre las nuevas empresas denunciadas se encuentran Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Rockhopper Exploration (Oil) Limited, subsidiarias de la petrolera británica Rockhopper Exploration, firma que cotiza en la Bolsa de Londres y participa en diversos proyectos de exploración en la zona.
Una de estas compañías posee una participación del 35 por ciento en el proyecto Sea Lion, un yacimiento ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas, cuya explotación comercial está prevista para iniciar en 2028. El proyecto es operado en un 65 por ciento por la empresa israelí Navitas, que ya había sido incluida en acciones legales emprendidas previamente por el Gobierno argentino.
Las autoridades también incorporaron a la denuncia a Desire Petroleum Limited, empresa británica con presencia en las Malvinas desde 1997 y que desde 2015 forma parte del grupo Rockhopper Exploration. Además de participar en Sea Lion, la compañía mantiene intereses en otras licencias de exploración ubicadas en las cuencas Malvinas Norte, Malvinas Sur y Malvinas Este.
La nueva acción judicial también alcanza a Borders & Southern Petroleum PLC y a su subsidiaria Borders & Southern Falkland Islands Limited, compañías con sede en Londres que poseen licencias para desarrollar actividades de exploración offshore a unos 150 kilómetros al sureste del archipiélago.
De acuerdo con la información oficial, Borders & Southern explora esa región desde hace dos décadas y en 2012anunció un hallazgo relevante en el campo Darwin. Recientemente, la empresa celebró el avance del proyecto Sea Lion, al considerar que representa un paso importante para consolidar a las islas Malvinas como una nueva región productora de petróleo.
Además de las denuncias penales, el Gobierno de Javier Milei inició procedimientos administrativos con el objetivo de imponer sanciones tanto a las empresas involucradas como a sus principales accionistas. Entre ellos figuran fondos de inversión, directivos de Rockhopper Exploration y diversos inversionistas vinculados también con Borders & Southern, quienes podrían enfrentar medidas derivadas de las actividades desarrolladas en aguas cuya soberanía continúa siendo motivo de disputa entre Argentina y el Reino Unido.
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Foto: Especial
Djs
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