Chihuahua: sumisión, deslinde o congruencia

Chihuahua se ha convertido en un laboratorio político donde confluyen tres asuntos de enorme relevancia: la vigencia del Estado de derecho, la confrontación entre el gobierno federal de Morena y una administración estatal de oposición, y los cálculos electorales rumbo a 2027.

De un golpe al narco a crisis política

Todo comenzó con el operativo en el rancho El Pinal, donde fue desmantelado un narcolaboratorio y terminó en tragedia con la muerte de cuatro personas: dos agentes de la Fiscalía de Chihuahua y dos estadounidenses identificados como integrantes de la CIA.

La participación de agentes extranjeros sin autorización federal desató un choque institucional entre la gobernadora de la entidad y la presidenta de la República, además de un conflicto diplomático que terminó por alcanzar a la gobernadora Maru Campos.

En un primer momento, la mandataria defendió el resultado del operativo como un golpe histórico contra el narcotráfico y cuando la investigación federal la alcanzó e incluso fue citada a comparecer bajo acusaciones de presunta traición a la patria y abuso de autoridad, Maru Campos endureció su discurso y denunció que el gobierno federal utilizaba a la FGR para armar una persecución política en su contra y contra los gobiernos de oposición.

Aseguró que las acciones federales buscaban intimidarla por “decir la verdad” y combatir al crimen organizado, acusó a Morena de perseguir a quienes los combaten y llegó a calificar al partido oficialista como “el partido de la muerte”.

La confrontación movilizó a simpatizantes de Campos, militantes del PAN y sectores ciudadanos expresaron su respaldo bajo consignas como #YoConMaru. Sin embargo, la discusión dejó de centrarse en el éxito del operativo y pasó a las posibles irregularidades cometidas por las autoridades estatales por permitir la participación de agentes extranjeros.

El 27 de abril, el entonces fiscal César Gustavo Jáuregui renunció al cargo, reconoció fallas de información y gestión del operativo en que participaron agentes de la CIA sin que el gobierno federal tuviera conocimiento, violando la Ley de Seguridad Nacional, en tanto, la gobernadora validó la salida de Jáuregui y la creación de una unidad especializada dentro de la propia Fiscalía estatal para investigar las irregularidades.

El deslinde y las sospechas

La detención de Jáuregui, el 17 de octubre, abrió una nueva etapa. La Fiscalía estatal lo acusa de presuntos delitos relacionados con el ejercicio ilegal del servicio público; por separado, la FGR cumplimentó una orden de aprehensión por hechos que podrían constituir traición a la patria en materia de seguridad nacional.

El caso ya tiene consecuencias políticas: Campos se ha deslindado de las decisiones de su exfiscal y sostiene que desconocía las irregularidades. Incluso ha argumentado que, de no haber estallado el escándalo, no habría conocido otros problemas dentro de la institución.

Puede ser que el deslinde responda a una convicción de transparencia, a la necesidad de protegerse políticamente o a una ruptura interna que terminó por beneficiar al gobierno federal.

Sin embargo, Morena tiene una oportunidad para debilitar a una administración opositora en un estado donde busca ampliar su presencia, por otro lado, la acusación de traición a la patria adquiere otra dimensión cuando el término que se ha utilizado reiteradamente para descalificar a adversarios, y ya tiene a su primer chivo expiatorio.

El Estado de derecho no admite excepciones

En medio de todo este enjuague se corre el riesgo de perder de vista el origen del caso: el desmantelamiento de un megalaboratorio clandestino, la actuación del gobierno estatal para combatir actividades delincuenciales y el asumir la responsabilidad de un fiscal que actúo por la libre faltando al Estado de derecho.

El resultado contra el narcotráfico es relevante, pero Maru Campos tiene ahora la obligación de demostrar que su gobierno no encubre irregularidades y que el deslinde de Jáuregui responde a una investigación seria, no a una maniobra política. También necesita comunicar con claridad qué sabía, qué autorizó, qué controles fallaron y que esto no ha inhibido el combate al crimen organizado.

Al final, Morena no debe confundir una investigación penal con una victoria política anticipada y pretender convertir la crisis en una moneda electoral, porque hasta el momento aún tiene perdido al estado.

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Columna de Manuel Díaz en SDP Noticias

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