ICE equipará a sus agentes con cámaras corporales, pero decidirá qué videos hacer públicos

Estados Unidos.— El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) planea equipar a sus agentes de campo con cámaras corporales antes de que termine septiembre, aunque la política interna de la agencia mantiene un amplio margen de decisión sobre qué grabaciones pueden hacerse públicas, incluida la posibilidad de retener aquellas cuya difusión no considere conveniente para sus “mejores intereses”.

La implementación ocurre después de varios años de retrasos y en medio de una creciente presión para exigir mayor rendición de cuentas a los agentes encargados de aplicar la política migratoria del presidente Donald Trump, particularmente tras recientes tiroteos mortales.

Aunque las cámaras podrían aportar evidencia sobre operativos, detenciones y enfrentamientos, las reglas del ICE establecen que la divulgación de videos relacionados con tiroteos u otros hechos en los que sus agentes provoquen muertes o lesiones graves dependerá de una evaluación interna sobre si publicar el material beneficia a la propia agencia.

De acuerdo con la política emitida en febrero de 2025, después de un enfrentamiento grave las grabaciones serán revisadas por un comité formado por altos funcionarios y abogados del ICE. Este grupo deberá recomendar si el material puede difundirse inmediatamente.

En caso de aprobarse su publicación, el video podría hacerse público en un plazo de 72 horas. Sin embargo, el director de la agencia puede impedir o posponer su difusión de manera indefinida cuando determine que existen “circunstancias específicas y convincentes” para mantenerlo reservado.

Expertos en políticas sobre cámaras corporales advierten que esta facultad podría permitir al ICE seleccionar las grabaciones que favorezcan su imagen pública mientras mantiene bajo reserva aquellas que podrían resultar perjudiciales para la institución.

El profesor Christopher Schneider, de la Universidad de Brandon, en Canadá, señaló que este tipo de divulgación selectiva existe en otros organismos policiales, aunque consideró inusual que una política lo establezca de manera tan explícita. A su juicio, las cámaras también pueden convertirse en instrumentos utilizados para proyectar ante la población una imagen favorable de las fuerzas de seguridad.

La normativa del ICE establece que los agentes deben activar estos dispositivos durante actividades habituales de aplicación de la ley, entre ellas detenciones, ejecución de órdenes de registro y atención de emergencias.

Las reglas para publicar este tipo de material varían considerablemente en Estados Unidos. En Chicago, un organismo encargado de supervisar la actuación policial suele divulgar los videos de cámaras corporales relacionados con tiroteos y otros casos graves de uso de la fuerza dentro de un periodo de 60 días. En Filadelfia, en cambio, el departamento de policía rara vez utiliza su facultad para difundir grabaciones de hechos específicos y no cuenta con una política que establezca cuándo debe hacerlo.

Cuando el ICE decida publicar imágenes, deberá eliminar información que permita identificar a sus agentes, incluyendo rostros, nombres y números de placa, con el argumento de proteger su privacidad.

Schneider dijo que no espera que la agencia haga públicas las grabaciones de casos comparables con los tiroteos mortales registrados recientemente en Houston y Maine. Como antecedente mencionó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), agencia relacionada con el ICE, que no ha difundido los videos del tiroteo de Alex Pretti en Minneapolis, ocurrido en enero pese a que las cámaras de los agentes registraron el hecho.

El comisionado de la CBP, Rodney Scott, señaló ante legisladores en febrero que el video y otros materiales permanecían bajo investigación y serían difundidos cuando se considerara apropiado.

El despliegue de cámaras corporales recibió un nuevo impulso durante julio. De acuerdo con registros de gastos federales, el ICE destinó 30.9 millones de dólares a la adquisición de estos equipos a Axon, compañía con sede en Arizona que también fabrica pistolas Taser.

La operación comenzó un día después de que un agente del ICE matara a tiros a un automovilista de 25 años en Maine. Días antes, otro agente había disparado y provocado la muerte de un constructor de viviendas en Houston que se dirigía a su trabajo.

Ninguno de esos dos casos quedó registrado con cámaras corporales, situación que generó molestia entre miembros del Congreso de Estados Unidos, que previamente habían asignado al ICE 20 millones de dólares para la compra de estos dispositivos dentro de una legislación aprobada para poner fin al cierre parcial del gobierno el 30 de abril.

La agencia informó que las cámaras ya fueron enviadas a más de la mitad de sus agentes de campo y que el resto deberá recibirlas antes de que concluya septiembre. La fecha representa un retraso frente a estimaciones anteriores.

La senadora republicana de Maine Susan Collins, quien respaldó el financiamiento para adquirir las cámaras, había señalado que el ICE le comunicó que el despliegue estaría concluido para finales de agosto. La propia agencia había planteado anteriormente que la distribución finalizaría a mediados de septiembre.

En el área de Houston, donde fueron enviadas más de 800 cámaras, algunos agentes ya comenzaron a recibir capacitación, de acuerdo con el representante demócrata de Texas Henry Cuellar, integrante del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

El ICE también estableció que al menos un integrante de cada equipo de detención deberá portar una cámara corporal durante los operativos.

El llamado zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, defendió públicamente el uso de estos dispositivos al considerar que permiten a los ciudadanos observar y escuchar lo mismo que los agentes durante sus intervenciones. También sostuvo que, según los datos disponibles, las cámaras corporales terminan exonerando a los agentes con mayor frecuencia de la que proporcionan pruebas de posibles conductas indebidas.

Schneider, por su parte, anticipó que la agencia podría utilizar determinadas grabaciones para promover su programa de deportación masiva, mediante imágenes que presenten a los agentes de manera favorable y a los inmigrantes como personas peligrosas.

El uso de cámaras corporales dentro del ICE no es reciente. La agencia comenzó a probar esta tecnología en 2021, durante la administración del presidente Joe Biden, y distribuyó mil 400 dispositivos tres años después, con el compromiso de ampliar el programa conforme existieran recursos disponibles.

La política federal cambió después del regreso de Donald Trump a la Presidencia en 2025, cuando revocó una orden emitida por Biden que obligaba a las agencias federales de aplicación de la ley a emplear cámaras corporales.

Pese a haber recibido una asignación de 75 mil millones de dólares mediante una ley impulsada por Trump en 2025 y comenzar la contratación de miles de nuevos agentes, el ICE no realizó compras de estos dispositivos durante ese periodo.

Las dos adquisiciones concretadas con Axon en julio fueron realizadas mediante un contrato gubernamental existente desde 2023, de acuerdo con los registros citados.

Jason Houser, quien se desempeñó como jefe de gabinete del ICE durante el Gobierno de Biden y participó en la puesta en marcha del programa piloto, cuestionó la lentitud del proceso y sostuvo que las cámaras debieron entregarse cuando la administración Trump amplió los arrestos masivos y los controles de tráfico.

A juicio de Houser, implementar los dispositivos únicamente después de varios tiroteos y de la presión ejercida por el Congreso representa una respuesta política que por sí sola no garantiza una mayor seguridad para los agentes ni para la población.

El exfuncionario agregó que el uso de cámaras no resuelve los problemas derivados de colocar a agentes en situaciones para las cuales, según su evaluación, no cuentan con la preparación ni el equipo necesarios para ejecutar las operaciones exigidas por la administración.