La sombra de la ingobernabilidad y de la crisis económica

Se perfila un término del quinto mes del año en el transe de una situación que crece en complejidad y dificultades graves para el país; por lo pronto, el cierre del primer trimestre reportó, por parte del INEGI, un impacto en la actividad económica que se refleja en una caída del 0.8% del PIB, con una afectación importante en los sectores primario, secundario y terciario, siendo el primer revés que se sufre en los últimos cinco trimestres.

En ese marco, los distintos pronósticos del crecimiento económico del país para el año de 2026 se han colocado a la baja dentro de un segmento que oscila entre el 1% y el 2.3%, según quien realice la estimación; incluso, hay quien plantea la posibilidad de un escenario de recesión, a pesar del impacto que se espera tendrá la realización del Mundial de futbol.

Lo cierto es que estamos en un claro síndrome de bajo crecimiento económico como lo demuestra el hecho que el promedio del sexenio anterior no llegó al 1%, en tanto en el 2025 fue de 0.8%. El gobierno ha insistido que deben crearse mejores indicadores para medir el desarrollo del país, desdeñando la medición que se hace a partir del PIB; pero esa escapatoria se ubica más en el ámbito de la retórica que en el de las propuestas serias.

El modelo económico financiero que impulsa la administración se sustenta en un prácticamente nulo crecimiento económico, con un gasto creciente y una deuda incremental que está a punto de duplicar la que se registró en 2018. Así, se disponen de mayores recursos para la actividad pública, sin un respaldo en la generación de ingresos; esa ecuación genera una distorsión fiscal que se cubre con empréstitos crecientes.

De esa forma, se vive un presente que hipoteca el futuro inmediato del país y que se refleja en una insuficiente generación de empleos formales y en un crecimiento brutal de la informalidad. Ciertamente la medición de la pobreza en 2024 habla de una reducción de 13.4 millones de personas a partir de la cifra que se tenía en 2018, pero esa disminución se calculó a partir de un comparativo a la manera de contrastar fotografías entre periodos distintos, pero sin que ello permita una película que hable del proceso que tuvo lugar a través del tiempo para lograr dicho resultado.

Ahora bien, la medición de 2024 (convendrán todos) tuvo lugar en un año atípico, caracterizado por el sobregasto público, so pretexto de terminar las obras emblemáticas, lo que generó un impacto estacional de bonanza que distorsionó la medición de la pobreza, merced a la importante derrama que se registró; pero, al mismo tiempo se combinó con un claro deterioro de los servicios de salud y de educación, lo cual impactó el gasto de bolsillo de los hogares mexicanos, especialmente para cubrir la atención médica y para la adquisición de medicamentos, afectando el impacto positivo de la elevación de ingresos que esos mismos hogares registraron.

Resulta evidente que la tan sonada reducción de la pobreza resulta más que discutible en el marco de una visión más amplia, al tiempo que, en otro sentido, el incremento de las desapariciones forzadas y de las zonas dominadas por la delincuencia, evidentemente han generado un brutal clima de inseguridad, a pesar de la disminución, tan publicitada, de los homicidios dolosos. Es singularmente preocupante el cruce del mapa de la inseguridad con el de la pobreza, en tanto manifiesta que las regiones más desfavorecidas viven las condiciones más cruentas y hostiles en cuanto a Estado de derecho.

Los hechos recientes de ataques a la zona indígena de la Montaña Baja de Guerrero, por parte de grupos de la delincuencia organizada, son apenas un botón de muestra de lo que sucede en ese cruce de la inseguridad con la pobreza, afectando a poblaciones ya de por sí vulnerables y con graves repercusiones en los adultos mayores, mujeres y menores de edad.

Mención aparte tiene el tema de la gestión de los reclamos de los Estados Unidos en cuanto a la extradición de personajes de la política pertenecientes al partido en el gobierno, destacadamente del gobernador con licencia de Sinaloa, Rocha Moya, respecto del cual el gobierno alega la carencia de pruebas para proceder a su detención, a pesar de tratarse de un personaje sobre el que pesan distintos y graves señalamientos desde 2021 cuando fue candidato al gobierno del estado, en una condición en la que gozó de evidentes respaldos por parte de la delincuencia organizada y que fueron documentados, a pesar de que fueron desestimados por el Tribunal Electoral de la entidad.

La alusión del gobierno a la defensa de la soberanía como argumento para resistir la extradición de Rocha Moya, resulta más que cuestionable, más aún ante la calidad y condición del inculpado, de su desempeño como gobernador, de los hechos criminales que lo acompañaron y de las prácticas de corrupción que caracterizaron a su administración.

Dentro de ese entorno tendrá lugar la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que sin duda no es el mejor augurio para el éxito de la negociación; por si fuera poco, tienen lugar observaciones de organismos internacionales sobre la violación de los derechos humanos en México y se escenifican hechos reiterados en el manejo de instalaciones petroleras que sufren accidentes, calificando las inocultables deficiencias del manejo de la institución encargada de su operación.

La sombra de la ingobernabilidad y de la crisis económica se asoman cuando está por cumplirse los cinco primeros meses de este año.

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Columna de Samuel Palma en SDP Noticias

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