Narcoelección-narcogobernador

Parte importante de los esfuerzos formales del Estado mexicano en los últimos años han estado permeados por la determinación de combatir y reducir el narcotráfico. A ese propósito se han destinado importantes y crecientes recursos que han sido canalizados a través de una institucionalidad sujeta a reiterados rediseños; sin embargo, los resultados han sido magros, fuera de la espectacularidad de la captura de algunas de las principales cabezas de la delincuencia organizada, pero que a la postre ha resultado casi inútil por la capacidad que han demostrado los cárteles para rehacerse cuando son ultimados o aprehendidos sus líderes.

Más allá de enfrentamientos y persecuciones, subsiste una estructura delincuencial que se mantiene y expande a través de los vínculos que construye, de los intereses que integra y de su capacidad para corromper tanto a mandos policiales como a representantes de las estructuras de gobierno, de modo que se desempeña como una organización que se regenera con gran destreza.

El caso de Sinaloa es paradigmático. La mirada que se ofrece a través de las elecciones de 2021, ilustra la expansión orgánica-política que el narco tuvo, cuando se trató de elegir a quien gobernaría la entidad que finalmente le sería acreditada a Rubén Rocha Moya. En efecto, de una narcoelección derivó un narcogobernador.

Fueron comicios electorales que se desarrollaron con el protagonismo y huellas evidentes de la participación del narco, tal y como fue expuesto con el robo de urnas, el secuestro e intimidación de candidatos y dirigentes, que tuvo uno de los ejemplos más notables en la declinación de la candidata a la presidencia municipal de Badiraguato en el mismo día de las elecciones, Guadalupe Iribe Gascón, en el contexto del secuestro de su hermano y de las presiones que recibiera para lograr su liberación; también el secuestro de José Alberto Salas, secretario de organización del PRI en Sinaloa, que diera lugar a la petición de que una vez concluida la jornada electoral fueran liberados los activistas que habían sido retenidos.

Las elecciones del 2021 en Sinaloa fueron una vitrina de exposición de los intereses del narco, visibilizados en su operación como estructura de campaña a favor del entonces candidato Rocha Moya y para derrotar por la vía de la ilegalidad al abanderado del PRI, Mario Zamora. El menú de acciones emprendidas por la delincuencia fue efectiva y diversa, pues se valió del recurso de la violencia, ya fuese como acción efectiva o a manera de amenaza. Se exhibió entonces un entreverado entre el narco y el gobierno que se consolidó durante la administración que está vigente.

Todo ese tiempo las autoridades federales actuaron con permisibilidad y descuido, lo que permitió que las cifras de desaparecidos y de asesinatos tuvieran constante incremento; sin duda las huellas de la componenda fueron evidentes. Por eso, ahora que se reclama por parte del gobierno norteamericano la extradición de varios funcionarios, empezando por el nombre del propio gobernador, no parece extraño; en cambio, lo sorprendente es la parálisis de las autoridades para combatir de manera efectiva la criminalidad.

La solicitud de extradición es una oportunidad para combatir el narco, no solo como una actividad propia de organizaciones delincuenciales sino, a más de eso, como una operación inscrita en el ámbito de la estructura política del gobierno, pues ello habla de una confabulación y complicidad que resultaba conocida, pero que se evadía afrontar y confrontar de forma resuelta, con el resultado de impulsar una gran complicidad.

Argüir ahora que la solicitud del gobierno norteamericano y la eventualidad de atenderla en sus términos vulnera la soberanía, es un recurso contradictorio y pueril. La soberanía implica la determinación de atender los preceptos y determinaciones que la Constitución consagra como expresión suprema de la voluntad del pueblo, lo que conlleva a garantizar la vigencia del orden jurídico, los derechos humanos, mantener la vigencia del régimen republicano y democrático de gobierno y promover una relación con otros países que asegure la promoción de nuestros legítimos intereses en un contexto de igualdad entre las naciones, de respeto y de solución pacífica de las controversias en el marco del derecho internacional, de los acuerdos, convenciones y tratados de los que formamos parte y entre los que se encuentra el tratado de extradición suscrito con los Estados Unidos.

La soberanía implica, pues, la vigencia del Estado de derecho y supone que esta se debilita cuando se incumplen sus exigencias, se admite la corrupción y la prevalencia de los intereses ilegítimos, como es el caso del dominio territorial que imponen las organizaciones delictivas en amplias zonas del territorio nacional.

Con la idea de soberanía se adopta la convicción de que existe un mandato superior que ordena la convivencia política, económica y social del país, y que no admite por encima de él ningún otro poder. La soberanía se vulnera cuando se incumplen los grandes propósitos que animan la vida de la República y se admite que sean sustituidos por grupos, personas u organizaciones que buscan prevalecer por encima de aquellos.

La visión en retrospectiva permite advertir que todo lo que emerge con la solicitud norteamericana de extradición de distintos personajes, se encuentra inscrita en una cuidadosa trama para permitir el dominio del narcotráfico en Sinaloa, y en donde se encuentran los acuerdos entre el gobierno de López Obrador y del entonces gobernador Quirino Ordaz para que este último coadyuvara en el triunfo de Morena a cambio de su nombramiento como embajador de México en España; en esa misma dirección la participación del narcotráfico como estructura electoral y fuerza de intimidación para inhibir y lacerar la campaña de Mario Zamora; es decir toda un complejo de acciones concertadas desde la presidencia de la República para derrotar al PRI y, por consecuencia, acreditar para el partido en el poder al gobierno de Sinaloa.

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Columna de Samuel Palma en SDP Noticias

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