Ciudad de México, México. – El senador Jorge Carlos Ramírez Marín , integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) , presentó una iniciativa de reforma para establecer un mecanismo excepcional que permita sancionar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años implicados en delitos de extrema gravedad , una vez que alcancen la mayoría de edad.
El legislador explicó que la medida busca responder a una realidad cada vez más preocupante : el creciente reclutamiento de menores por parte de grupos delictivos organizados , quienes los utilizan para participar en homicidios dolosos, secuestros, violaciones agravadas y portación de armas de fuego . Ramírez Marín señaló que este fenómeno se ha convertido en un problema estructural en entidades como Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Chihuahua y la Ciudad de México .
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública , las carpetas de investigación por homicidio doloso cometidos por menores aumentaron más del 40% entre 2019 y 2024 . En la capital del país, los casos de adolescentes de entre 14 y 17 años detenidos por homicidio y portación de armas se duplicaron en ese mismo período, muchos de ellos reclutados desde los 12 años .
Organizaciones como Reinserta AC han anunciado que más de 250 mil niños y adolescentes en México están en riesgo de ser cooptados por el crimen organizado , impulsados por factores como la pobreza, la desintegración familiar y la impunidad .
Ramírez Marín recordó que casos recientes , como el asesinato del empresario Samuel Cohen Gindi , ocurrido en la colonia Anzures, y el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo , han involucrado directamente a jóvenes de 16 y 17 años, lo que demuestra —dijo— “una preocupante tendencia en la que los adolescentes asumen roles letales dentro de las estructuras criminales”.
El senador subrayó que su propuesta no pretendía criminalizar a la juventud , sino dotar al Estado de herramientas legales proporcionales, técnicas y garantistas para actuar ante delitos de extrema violencia. La iniciativa contempla reformas a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y al Código Nacional de Procedimientos Penales , e incorpora un nuevo Título VII Bis con criterios, plazos y procedimientos que aseguren el respeto a los derechos humanos en cada resolución judicial.
Ramírez Marín afirmó que el objetivo es cerrar vacíos legales , fortalecer la seguridad pública y restituir la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para responder con firmeza y proporcionalidad frente al aumento de la violencia juvenil en México.
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Foto: Especial
Djs
