El gobernador Alejandro Armenta Mier acusó a las administraciones pasadas y al Poder Judicial (PJ) de Puebla por operar una red de corrupción que calificó como "delincuencia organizada hecha gobierno", configurada durante los últimos 20 años.
Dicha denuncia, realizada este martes durante su conferencia de prensa matutina, señaló que esto se hizo con el objetivo de saquear el erario estatal mediante el pago de "obras fantasmas".
Indicó que esto se logró en colusión entre los fueron titulares del Ejecutivo, empresarios y el Poder Judicial, lo cual generó una deuda de miles de millones de pesos que la actual administración ha heredado.
El mandatario precisó que hay más de 10 contratos que deben ser cubiertos por sentencia judicial como resultado de este modus operandi, que consistía en la contratación inicial, para luego avalar sobrecostos o certificar "trabajos complementarios".
Lo anterior, con el aval por parte de funcionarios de dependencias como la Secretaría de Infraestructura y la de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA).
Este proceso se consolidaba cuando las empresas iniciaban litigios, los cuales eran presuntamente resueltos a su favor mediante el uso de "moches" a jueces y magistrados del estado.
Asimismo, el gobernador citó un caso donde una obra de pavimentación con un costo inicial de 10 millones de pesos terminó generando un adeudo de 700 millones de pesos después de una década de procesos, a causa de supuestas "cunetas" inexistentes.
Subrayó, que fue en el periodo de 1998 a 2024, cuando el Ejecutivo "pateó" o evadió en nueve ocasiones el pago de contratos por estas "obras inexistentes", lo que provocó que el litigio se prolongara hasta la configuración de la deuda actual.
Armenta Mier sostuvo que su gobierno tiene la "calidad moral" para enfrentar esta red de corrupción, y advirtió a "delincuentes disfrazados de políticos y empresarios" que se acabará el saqueo institucional.
Finalmente, aludió que la organización de dos o más personas para cometer un ilícito constituye delincuencia organizada, lo que implica a las administraciones pasadas que permitieron estos actos.
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Foto: Especial
cdch
