Premio a la operación electoral en tiempos de la 4T

El número de votos que en Puebla obtuvieron los punteros para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz y Lenia Batres Guadarrama, coloca al gobernador Alejandro Armenta en una posición política nada despreciable desde la perspectiva de Palacio Nacional.

Lo es, porque de acuerdo con el análisis del académico del Centro de Investigación y Docencia Económica de origen poblano, Javier Aparicio publicado por el diario Reforma, Armenta en el estado junto a Layda Sansores de Campeche; Javier May de Tabasco; Evelyn Salgado en Guerrero; Salomón Jara en Oaxaca y Joaquín Díaz en Yucatán, operaron en favor de quienes se identifican con la presidenta Claudia Sheinbaum y su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

El estudio confirma además que Armenta no solo entregó resultados positivos en la elección para la renovación del Poder Judicial, sino que operó en congruencia con el discurso de lealtad institucional en el que reiteradamente reconoce en la Jefa del Ejecutivo a la líder política del régimen.

El dato es revelador porque de suyo se sabe que hubo activos de Morena en Puebla que operaron en contrario a los criterios que habían salido de Palacio Nacional a los estados de la República.

El ejemplo del que ya se tiene un expediente en el cuatro piso del Centro Integral de Servicios es el del diputado federal, Alejandro Carvajal, que decidió un camino propio con el impulso de perfiles que según su criterio eran más idóneos, en lugar de aplicar la máxima en política que dice que antes que el 2 está el 1.

La revelación del diario Reforma este miércoles pone en el centro de la atención un panorama que era previsible en el contexto nacional: la intención de los distintos grupos políticos y de poder por empujar a sus candidatas y candidatos a cargos en disputa en el Alto Tribunal, pero también en las magistraturas y juzgados de distrito.

La información de primera plana del diario resalta lo obvio, como la operación electoral que desplegaron los gobernadores de la totalidad de los partidos políticos en todo el territorio nacional, que incluyen al PRI, PAN, Verde y hasta Movimiento Ciudadano en las respectivas entidades que gobiernan en la actualidad.

Y desde luego coloca en un plano diverso al del resto de las autoridades estatales que emanaron del partido oficial respecto de los otros mandatarios de una mayor tradición en los movimientos de izquierda o con mayor cercanía con Sheinbaum o AMLO.

La congruencia y lealtad premian, pero abre al mismo tiempo otra pregunta que no podrá ser respondida sino hasta luego del mes de septiembre, cuando ya las nuevas autoridades en el Poder Judicial Federal estén colocadas en sus respectivos asientos, cubículos, juzgados u oficinas: ¿hasta dónde la nueva composición de uno de los tres poderes del Estado responderá con autonomía a través de sus sentencias?

El margen de maniobra con el que llegan a ocupar sus nuevas responsabilidades deberá estar ajeno al interés de los grupos de poder y de quien despacha en Palacio Nacional.

De cumplirse la premonición de le derecha en México sobre la eventual sujeción del Poder Judicial al Ejecutivo también será responsabilidad de los gobernadores a quienes por lo pronto ya se les colocó una estrellita por la meta alcanzada.

@FerMaldonadoMX

clh